Un informe del Gobierno analiza las vulneraciones de derechos cometidas por "agentes del Estado"
VITORIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Todos los grupos del Parlamento vasco han mostrado su disposición a trabajar de forma conjunta para avanzar en línea abierta en el informe sobre 'víctimas de motivación política' elaborado por el Gobierno autonómico, aunque cada formación ha expresado sus matices ante el alcance y el contenido del texto.
El trabajo, que recoge vulneraciones de derechos humanos por parte de "agentes del Estado" hasta mediados de la década de 1980, ha sido elaborado por mandato del Parlamento vasco.
El documento, titulado 'Informe sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidas en un contexto de violencia de motivación política', ha sido presentado este miércoles, con varios meses de retraso respecto a las previsiones iniciales, ante la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo autonómico.
La presentación del documento ha corrido a cargo de las responsables de las direcciones de Atención a las Víctimas, Maixabel Lasa, y Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maestu.
En sus intervenciones, ambas han efectuado un llamamiento al "consenso" y a no caer en la "equiparación" entre la realidad a la que se refiere el informe y el terrorismo de ETA. En el informe se ofrece una definición de lo que se entiende por 'violencia de motivación política'.
En ella, se indica en primer lugar que "sus autores son agentes del Estado que han actuado con evidente abuso de poder", así como "aquellas organizaciones y grupos parapoliciales que han contado son el apoyo o aquiescencia" de los primeros.
Además, se señala que las vulneraciones de derechos humanos contempladas en el documento "se han realizado con cierto grado de organización, en un intento de influir en la sociedad o en la política y muchas veces bajo un contexto de impunidad".
El tercer elemento de la definición señala que los damnificados por este tipo de violencia "son elegidos por una motivación política: bien por sus convicciones o ideología o con el objetivo de amedrentar y causar terror en la población".
El informe contempla tres periodos históricos que abarcan desde 1968 hasta la actualidad. No obstante, se indica que los elementos de la definición anteriormente citados no son aplicables al periodo comprendido entre la segunda mitad de la década de 1980 y 2010, dado que se trata de un tiempo en el que en España se ha logrado ya "un Estado democrático y de derecho comparable con otros de su entorno europeo".
Sobre esta última etapa, se afirma que las violaciones de derechos en ella incluidas son aquellas producidas "como consecuencia del abuso de autoridad o la extralimitación de poder por parte de agentes del Estado en el desarrollo de la política antiterrorista", pero a las que "no cabe aplicar de modo genérico el calificativo de violencia de motivación política". De todas formas, se señala que esto "no afecta a la gravedad" de estos hechos.
CENSO
A diferencia del trabajo sobre este mismo asunto elaborado por el anterior Gobierno vasco, este informe no incluye un censo de afectados por vulneraciones de derechos humanos atribuibles a las Fuerzas de Seguridad del Estado o a grupos parapoliciales, sino que se describen los supuestos que pueden ser catalogados como casos de 'violencia de motivación política'.
Desde la Dirección de Atención a las Víctimas se ha reconocido el "valor" de dicho listado, que atribuía 105 muertes a las Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque se ha explicado que la decisión de no incluirlo en el informe responde al objetivo de no generar falsas expectativas a los afectados, dado que un mero listado que no se vea acompañado de una norma de suficiente rango no genera "efectos jurídicos".
MEDIDAS
El trabajo contiene un catálogo de medidas destinadas a la "reparación" de los damnificados por este tipo de violencia. Entre ellas se incluye la propuesta de garantizar una dotación presupuestaria suficiente para llevar a la práctica las mencionadas iniciativas, la creación de una ponencia parlamentaria sobre este tema y la aprobación de una declaración institucional como primer paso hacia el "reconocimiento público" a estas víctimas.
La directora de Derechos Humanos del Gobierno vasco ha asegurado que el reconocimiento de este colectivo "era una deuda contraída por las instituciones". En esta línea, ha manifestado que este "ejercicio de revisión" del pasado "perfecciona la democracia" y contribuye a "la deslegitimación de la violencia".
Por su parte, la directora de Atención a las Víctimas ha explicado que el informe es "el inicio del camino para el reconocimiento de una realidad incontestable". No obstante, ha alertado de la necesidad de evitar "discursos equiparadores" para "no alimentar el reiterado recurso de la teoría del conflicto político del que emanaría, como manifestaciones inevitables de violencia paralela, el terrorismo de ETA, por un lado, y las vulneraciones de derechos humanos, por otro".
GRUPOS
El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha subrayado que el texto "abre la posibilidad de avanzar", por lo que "aunque limitado y con contradicciones, es aceptable". Además, se ha mostrado partidario de elaborar un calendario de trabajo antes de fin de año, en el que se contemplen las medidas a adoptar para avanzar hacia el reconocimiento efectivo de estas víctimas.
Por parte del PSE, Jesús Loza ha coincidido en la necesidad de acordar las medidas prioritarias que deben adoptarse y ha subrayado la "importancia" de este día para la recuperación de "consensos" sobre la materia. Además, ha expresado su rechazo a los casos de violencia cometidos por "servidores públicos", aunque hayan podido ser "aislados".
El parlamentario del PP Carlos Urquijo ha afirmado que el texto "mejora" al elaborado por el Ejecutivo anterior, aunque ha mostrado su desacuerdo "radical" que en el periodo comprendido entre 1977 y 1985 "se cuestione la actuación de gobiernos legítimos". Por otra parte, no ha considerado "oportuna" la creación de una ponencia sobre este tema.
La portavoz parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, ha lamentado el "retraso" en la presentación del trabajo, aunque ha llamado a la "responsabilidad" de los grupos para colaborar y "cerrar el ciclo de reconocimiento a las víctimas". No obstante, ha criticado que no se haya investigado de forma "suficiente" el tema de las torturas y ha echado en falta una mayor "autocrítica" sobre el "abandono institucional" hacia este colectivo.
El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha criticado la falta de "concreción" del informe, sobre el que ha afirmado que no está "a la altura de la gravedad del tema". De todas formas, ha mostrado su "voluntad" de colaboración en esta materia.
Desde EB, Mikel Arana ha lamentado la "tardanza" del Gobierno a la hora de presentar el texto y ha subrayado la importancia de colaborar a partir del "mínimo común" en el que coinciden los diferentes partidos.
Gorka Maneiro, de UPyD, ha destacado que se trata de un trabajo que "mejora el anterior", aunque ha advertido de la importancia de no alentar "la teoría de las dos violencias".
