BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
SOS Llavaneres presentó hoy nuevas pruebas a la Fiscalía sobre una denuncia de corrupción urbanística que el grupo interpuso en abril de 2007 y que quedó archivada en noviembre de ese mismo año. Según la entidad algunas de las empresas implicadas pueden relacionarse ahora con el caso 'Pretoria'.
El grupo acusa directamente al ex alcalde Victor Ros (PP), al ex concejal de Urbanismo, Antonio Jimenez Gómez (PSC) y al ex responsable del área de urbanismo Hugo Roldan Villen. Denuncian que en septiembre de 2004 la empresa local Promelit compró una masía modernista, 'La Bodega', por 1.940.000 euros, sobre la que hizo una hipoteca, antes de revenderla en octubre de 2005 a otra empresa, Cortijosa, por 3,6 millones. Estas dos empresas comparten domicilio social.
Cortijosa firmó después un convenio con el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres para cambiar la casa por 6.709 metros cuadrados de techo edificable libre de cualquier carga y gravamen, valorados, según SOS Llavaneres, en 12 millones de euros.
Según la asociación, y basándose en el auto del juez Baltasar Garzón, existe una clara vinculación entre Cortijosa y el caso Niesma a través de sociedades con administradores comunes y "un modus operandi similar en el que se siguen las mismas pautas de actuación".
Además, el Ayuntamiento no tenía los terrenos, por lo que era necesario disponer de 60.000 metros cuadrados para poder quedarse con el 10%. En estos momentos el pacto estaba parado, mientras Cortijosa y el Ayuntamiento renegociaban los términos exactos del acuerdo.
La denuncia recuerda que Garzón hace constar que los Ayuntamientos afectados aprobaban proyectos urbanísticos adjudicados a empresas "del entorno de Luis García". La empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, que quedaba detenido hasta que "se producía una modificación del plan urbanístico que resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio". Cuando el proyecto se vendía al constructor, a un precio mucho mayor, "el beneficio quedaba en poder de los intermediarios".
Josep Ruiz, presidente de SOS Llavaneres, destacó hoy que el Ayuntamiento realizó "un mal negocio", ya que podría haber comprado la casa por 1,9 millones de euros, sin la necesidad de cambiarlos por los 6.709 metros cuadrados valorados en 12 millones. En su momento la Fiscalía no pudo seguir los "hilos" de las empresas que intervinieron en las compraventas.
