Proponen otorgar seis meses al TC para dictar sentencia sobre los estatutos y que sea necesaria una mayoría de ocho magistrados
MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Senado de la próxima semana debatirá finalmente la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que presentaron los grupos de la Entesa Catalana de Progrés y de CiU, al aceptar hoy el PSOE en la Junta de Portavoces que se incluya el asunto en el orden del día. Con la iniciativa, y entre otras medidas, se busca que los magistrados cuyo mandato concluya no puedan seguir en el puesto más de seis meses y que, en el caso de un Estatuto de Autonomía, el Tribunal deba dictar sentencia también en un plazo máximo de medio año.
La portavoz de los socialistas, Carmela Silva, explicó que su grupo votará a favor en el Pleno porque el Senado se va a limitar a discutir si toma o no en consideración la propuesta, que si es aceptada a trámite, se debatirá a fondo en el Congreso. El voto a favor del PSOE en el Senado, aclaró, no significa "en ningún caso" un voto a favor también en la Cámara Baja.
La Entesa y CiU registraron su propuesta el pasado 24 de mayo, cumpliendo así el mandato del Parlamento del Cataluña. Hoy concluye el plazo para presentar alternativas y, ante la previsión de que no se registre ninguna, los portavoces aceptaron incluir el asunto en el próximo Pleno, el de la semana que viene.
Carmela Silva explicó que la disposición de su grupo parlamentario es provocar un debate ante "el bloqueo" del PP a la renovación de los cuatro magistrados que debe elegir el Senado, que se traduce, dijo, en "insumisión a la Constitución y a las leyes". "Es una actitud incalificable", insistió. Es necesario por ello, concluyó Silva, "abrir una reflexión" y que esta se produzca en el debate en Pleno de toma en consideración.
El debate de esta proposición de ley llegará en medio del segundo intento en el Senado por renovar a los cuatro magistrados del Constitucional cuyo mandato expiró hace dos años y medio y que no han sido sustituidos por falta de acuerdo entre el PSOE y el PP, cuya suma de votos es imprescindible para alcanzar la mayoría de tres quintos necesaria.
Tras el rechazo de uno de los dos aspirantes propuestos por el PP, Enrique López, y de uno de los socialistas, Juan Carlos Campo, los parlamentos autonómicos que los presentaron tienen de plazo hasta el 29 de junio para ofrecer al Senado otro nombre, aunque los 'populares' siguen defendiendo a su candidato y anuncian un recurso contra su eliminación, que todavía no ha sido registrado.
"El único objetivo es la dilación del procedimiento y esta vez no lo van a conseguir", aseguró hoy Carmela Silva. Una vez que concluya ese plazo del día 29, sean candidatos quienes sean, el PSOE pedirá la convocatoria inmediata de la Comisión de Nombramientos en la que se debe elaborar una lista de cuatro nombres para su votación en el Pleno del Senado. "Ya está bien de boicotear las instituciones", sentenció la portavoz.
LA PROPUESTA
La proposición de ley de la Entesa y de CiU cumple con la resolución del Parlamento catalán aprobada en abril. PSC, CiU, ERC, ICV y EUiA aprobaron en el legislativo autonómico una resolución en la que instaban al TC a declararse incompetente en la sentencia del Estatut, reafirmaban la constitucionalidad de esta ley, exigían a Congreso y Senado que renueven el Tribunal y pedían reformar la ley orgánica del Constitucional para impedir la permanencia de magistrados con mandato caducado.
En la proposición registrada en el Senado, se plantea que los magistrados del TC "cesarán de forma automática e inmediata" una vez que hayan transcurrido seis meses desde que caducó su mandato. El objetivo de este punto es evitar que vuelva a suceder la situación actual por la que cuatro magistrados están pendientes de renovación desde diciembre de 2007, incluida la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, actual ponente en la sentencia del Estatut.
Además, se propone que el Tribunal Constitucional cuente con un plazo máximo de seis meses para dictar sentencia sobre los recursos presentados contra las leyes orgánicas de aprobación o las reformas de estatutos de autonomía. En caso contrario, los recursos serán desestimados. Este punto se amplía a las cuestiones de constitucionalidad.
La proposición de Entesa y CiU también reclama que las sentencias sobre estatutos no puedan ser interpretativas, "debiendo circunscribir su pronunciamiento a la declaración de conformidad o disconformidad con la Constitución". Además, propone que para declarar inconstitucional un estatuto o alguno de sus artículos sea necesario un total de ocho magistrados de los doce que componen el alto tribunal.
Por último, añade una disposición final para que la reforma de la LOTC afecte a los recursos contra estatutos que ya estén interpuestos una vez que la nueva legislación entre en vigor, con el objetivo de que estas disposiciones afecten al Estatut de Cataluña.
