Da por buenos los indicios de los liquidadores sobre su relación con la formación ilegalizada y pide a Garzón la causa que la investigaba.
MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sala del 61 del Tribunal Supremo ordenó hoy que distintas comisiones judiciales procedan de inmediato a entrar en las herriko tabernas del País Vasco y Navarra para proceder a inventariar todos los locales y bienes de las organizaciones ilegalizadas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, en el proceso de liquidación de bienes que se sigue en ejecución de la sentencia de ilegalización dictada en marzo de 2003.
El auto, hecho público hoy, responde al acuerdo alcanzado por unanimidad por la Sala del 61 del Supremo en su reunión de la semana pasada, en el que afirma que en el informe realizado por los tres liquidadores de la Agencia Tributaria nombrados por el alto tribunal, para proceder a liquidar los bienes del partido ilegalizado, aparecen indicios de la vinculación de las herriko tabernas con Batasuna.
Al ser recogidas en un inventario, que deberá realizarse en un plazo de 72 horas desde que se entreguen los exhortos a los juzgados correspondientes, se asegura que permanezcan a disposición del tribunal todos los bienes que puedan ser de Batasuna, aunque estén a nombre de terceras personas de cara al proceso de liquidación. La resolución precisa que la entrada autorizada "no afectará, por sí sola, al funcionamiento de las herrikos como establecimiento de hostelería".
El auto explica que la propia ley de partidos políticos prevé la apertura de un proceso de liquidación patrimonial independiente y que el patrimonio neto del partido ilegalizado se destinará por el Tesoro público a actividades de interés social o humanitario.
Dentro de esta premisa, la Sala Especial asegura que "una de las conclusiones capitales" del informe de los liquidadores "versa sobre la necesidad de extender la liquidación patrimonial del partido Batasuna, ilegalizado y disuelto por la Sala, a los bienes y derechos de la titularidad aparente de terceros".
HERRIKOS, PROPIEDAD DE BATASUNA.
"La conclusión capital del informe pericial de los liquidadores reside en la existencia de numerosos bienes y derechos que, formalmente ostentados por determinadas asociaciones culturales y, en algunos casos, sociedades mercantiles, que aparecen como titulares de las denominadas genéricamente herriko tabernas, pertenecerían en realidad, material y efectivamente a la propia Batasuna", insiste la resolución.
A pesar de destacar "la solidez y rigor, la verosimilitud y seriedad con que es expuesta la conexión entre el patrimonio de las herriko tabernas y el complejo ETA-Batasuna", el auto afirma que "en este momento procesal no puede afirmarse, con efectos de prueba plena que el tribunal considere estrictamente acreditadas, con carácter apodíctico e incontrovertible, los hechos, datos y conclusiones que figuran en el informe de los liquidadores".
Por ello, cree que "lo procedente, a tal fin es abrir un trámite de audiencia para que las partes sometan a valoración y crítica el contenido de la labor liquidadora llevada a cabo e ilustren a la Sala".
UN MES DE PLAZO. Así da un mes de plazo a las partes personadas en el procedimiento (abogado del Estado, Ministerio Fiscal y Batasuna) para que expongan las alegaciones que consideren oportunas sobre las medidas cautelares que podrían adoptarse para asegurar, en su caso, la efectividad de una posterior resolución de la Sala que acordara la liquidación patrimonial de los locales, bienes muebles y enseres de las herriko tabernas.
Entre estas medidas que se pueden adoptar, el Supremo cita el embargo, aunque las herrikos ya fueron embargadas en el sumario 35/2002, en el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investiga la finaciación de ETA a través de las herriko tabernas, controladas por Batasuna.
El auto reproduce algunos de los argumentos del informe pericial en las que se basa la relación entre las herrikos y Batasuna. Entre ellas figura la citada causa de Garzón y el propio reconocimiento hecho por la formación ilegalizada de que las herrikos "le pertenecen y forman parte activa de su organización" desde "la perspectiva política de servir como plataformas dinamizadores en cada poblcación de la actividad de Batasuna".
También aparecen como indicios el libro "HB.20 años de lucha por la libertad", en el que se enumeran y detallan las herrikos, y distintos documentos intervenidos a miembros de la formación ilegalizada.
COPIA DEL SUMARIO DE GARZÓN.
Además de ordenar la entrada en las herrikos para realizar un inventario de sus bienes, el auto da 15 días al juez Garzón para que le envíe "testimonio íntegro" del sumario en el que investiga a Batasuna en lo relativo a las herriko tabernas.
El Supremo también pide a Garzón un informe sobre lo que considere relevante de la administración judicial de estos locales, las medidas cautelares adoptadas sobre los 41 procesados y otros imputados que haya en la causa, y el cumplimiento de sus requerimientos por los organismos a los que se dirigen.
También se pide testimonio del requerimiento que realizó en abril de 2002 a lo departamentos de Hacienda y Finanzas de las Diputaciones Forales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya y a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno navarro sobre una serie de personas relacionadas con Batasuna.
