(Ampliación) Garzón permite la reunión entre PSE y Batasuna porque pretende evitar que la violencia terrorista continúe

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dictó hoy un auto en el que rechaza prohibir o impedir la reunión que tienen previsto celebrar en Bilbao delegaciones del PSE y Batasuna, por considerar que esta medida excedería del ámbito de aplicación del auto de suspensión de actividades de la citada formación abertzale, decretada el pasado 17 de enero por el juez Fernando Grande-Marlaska para prevenir la continuidad de sus actividades delictivas.

En su auto, el magistrado señala que en la convocatoria de reunión, que fue anunciada por el secretario general del PSOE, Patxi López, "no se observa ningún elemento que induzca a pensar que, con ella, se pretende favorecer la acción delictiva del complejo terrorista dirigido por ETA, en el que se incluye Batasuna; sino todo lo contrario, evitar que el hecho delictivo continúe produciéndose".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional informó al juez en contra de aplicar medidas restrictiva contra la reunión, que había sido solicitada al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 por la asociación Dignidad y Justicia, que ya ha anunciado que recurrirá el auto de Garzón.

No obstante, y a instancias de los señalado en el informe de la Fiscalía, Garzón requiere a la Unidad Central de Inteligencia (UCI) que informe "ampliamente" del resultado del encuentro y sobre las personas y organización a las que se refiere la causa judicial, en la que se investiga la posible financiación de ETA a través de la red de herriko-tabernas controladas por Batasuna.

Garzón recuerda en su auto que Batasuna fue disuelta por aplicación de la Ley de partidos y que forma parte de ETA, una conclusión que se ve reforzada por el procesamiento en esta causa de algunos de sus miembros -como es el dirigente de la organización Arnaldo Otegi, quien actualmente se encuentra en libertad bajo fianza-.

EL JUEZ NO CONTROLA LA POLÍTICA.

Sin embargo, el magistrado recuerda que la iniciativa de la reunión no proviene de la organización suspendida, sino del secretario general en Euskadi del Partido Socialista, "partido político legal y sin ninguna limitación diferente a la establecida por la Ley para cualquier ciudadano u organización".

Por ello, cualquier limitación lo sería, en todo caso, a 'posteriori' y nunca preventivamente, "porque de ser así, el juez se convertiría en una especie de controlador de la acción política de un partido democrático, acción que sería ilegal por contraria a derecho", al exceder de sus facultades jurisdiccionales.

El magistrado niega que la reunión con miembros de Batasuna, por encontrarse esta formación suspendida, pueda considerarse fraude de ley, tal y como razona Dignidad y Justicia, ya que si así se entendiera no sería posible realizar ningún tipo de diálogo con ninguna persona que hubiera cometido un hecho delictivo.

"Es decir, no puede hacerse de peor condición a Batasuna como parte integrante del complejo terrorista que a la propia vanguardia armada encarnada pro ETA que dirige ese complejo", afirma Garzón en su auto, que es el primero que hace público tras concluir un permiso de estudios y regresar a la Audiencia Nacional, donde ha relevado a Grande-Marlaska en el Juzgado Central número 5. De lo contrario, añade el juez, se llegaría a una resolución judicial de contenido político, "que es quizás inconscientemente, lo que se reclama del Juzgado".

Para Garzón, la responsabilidad política "discurre por fuera de los márgenes de la acción judicial", que debe limitarse a la persecución de los delitos y no "ir más allá, imaginando contenidos que nos se han producido, o haciendo prospecciones sobre lo que pueda suceder o no suceder".

Esta actitud desnaturalizaría cualquier acción judicial, según el magistrado, y quebrantaría "el equilibrio y respeto que debe existir entre los diferentes poderes del Estado Democrático". Según Garzón, la Justicia actuará una vez tenga indicios de que lo realizado es aparentemente delictivo "pero no antes".

FISCALÍA.

El informe del fiscal Juan Antonio García Jabaloy fue elaborado tras analizar sendos informes de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía y de la Ertzaintza, y en él se señalaba que la reunión prevista, de la que únicamente se tiene constancia a través de informaciones periodísticas, no podida ser calificada de ilícita "per se".

Añadía el fiscal que una medida cautelar como la solicitada por Dignidad y Justicia "incluso supondría una restricción, extremadamente gravosa y no justificada de las libertades de expresión y reunión de la formación política legal convocante del encuentro" -el PSE-, e incluso de los derechos individuales que tienen los ciudadanos al margen de cualquier formación.

En su informe, García Jabaloy incluía las manifestaciones textuales de Patxi López, quien señaló que la reunión tiene como objetivo hacer ver a la izquierda abertzale "mediante la persuasión", que sólo alejándose de la violencia le será posible participar en la vida política.