Dos de ellos han quedado en libertad tras prestar una fianza de 16.000 euros cada uno
SANTANDER, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, José Hoya Coromina, ha decretado prisión provisional incondicional y comunicada para los seis nuevos detenidos de la operación 'Trigo limpio'. A dos de ellos, José Ramón R.R., de 64 años, y Rafael U.L., de 70, les impuso una fianza de 16.000 euros por motivos de salud, que ya han prestado, por lo que quedaron en libertad.
Los autos de medidas cautelares sobre los imputados en esta segunda fase de la operación contra el blanqueo de capitales se conocieron a primera hora de esta tarde, tras levantar el juez el secreto de sumario al mediodía.
En ellos, el juez señala que todos ellos colaboraron y participaron directamente en la la presunta trama organizada dedicada a la emisión de facturas mercantiles con fines defraudatorios
Los cuatro imputados que han ingresado en prisión son Enrique P.L., de 65 años, José Luis O.M., de 40, Castor B.P., de 53, y Antonio L.G, de 62 años.
A los seis nuevos detenidos se les imputan delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa y falsificación documental.
En esta segunda fase de la operación se registraron dos domicilios en Santander y uno en Piélagos, donde se intervinieron ordenadores y documentación relacionada con los hechos.
FACTURAS DE HASTA 20 MILLONES
De los nuevos detenidos, José Ramón R.R. ha sido imputado por la presunta expedición de facturas, por sumas de hasta 20 millones de euros, "carentes de cualquier negocio jurídico" y "con el único fin de apropiarse del IVA y de defraudar los impuestos correspondientes". En el registro realizado se han encontrado los soportes documentales de distintas sociedades utilizadas en la trama de facturas falsas, así como pagarés y letras de cambio.
De su lado, a Rafael U.L. y Enrique P.L. se les acusa de facilitar a una constructora y a una inmobiliaria, a través de la sociedad Minalcon, facturas por importe conjunto de 138.000 euros "carentes de cualquier soporte jurídico", así como de efectuar distintas operaciones encaminadas a la materialización e intermediación dentro del "fraude en el que participaron".
Por su parte, a Antonio L.G., socio y administrador de una de las sociedades implicadas en la trama, se le responsabiliza de la mediación en la venta de una parcela que fue comprada por Minalcom por importe de 480.000 euros y vendida después el mismo día, en 901.518 euros, a otra sociedad mediante una operación que no fue declarada, eludiendo así los impuestos.
En el registro del domicilio del imputado se han encontrado además documentos sobre distintas operaciones de venta de parcelas y sobre las sociedades utilizadas para ello.
VENTA DE PARCELAS
En la misma línea, a José Luis O.M. se le acusa de intervenir también en la venta de varias parcelas y de cobrar de Minalcon por su labor de mediación, sin declarar después los ingresos ni impuestos correspondientes; así como de participar en otras operaciones de la misma sociedad y en la confección de facturas carentes de cualquier contrato subyacente con fines defraudatorios.
En su vivienda se ha encontrado documentación relativa a una de las empresas implicadas en la trama de emisión de facturas falsas y a otras de las sociedades participantes en el misma.
Finalmente, a Cástor B.P. se le imputa la elaboración de facturas de Minalcon con el fin de dar soporte a las percepciones que él mismo recibía de otra empresa, para así "eludir el pago de sus obligaciones con terceros". También se le acusa de confeccionar facturas de venta de fincas en las que "presunta o ficticiamente intervino".
