Amplían diligencias por presunta prevaricación en Huércal-Overa (Almería) e imputan al alcalde y cinco ediles

ALMERÍA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 1 de Huércal-Overa ha ampliado las diligencias previas incoadas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias contra el alcalde del municipio almeriense, Luis García Collado (PSOE), a quien ha citado por segunda vez a declarar junto a cinco ediles de su equipo de gobierno, dos de los cuales --Dolores Martínez y Tomás Benitez-- ya prestaron testimonio junto al regidor en noviembre de 2007.

Fuentes judiciales informaron a Europa Press de que la Fiscalía Provincial ha dado traslado al juzgado instructor para que se practiquen nuevas pruebas, que en el caso de García Collado y los principales presuntos implicados en la trama de corrupción urbanística ya se han ejecutado con su personación ante el juez en el transcurso de los últimos días.

No obstante, las diligencias previas abiertas a raíz de una denuncia interpuesta por el portavoz del grupo municipal del PP en Huércal-Overa, Diego Ortega, continúan con la toma de declaración de los, hasta el momento, 23 imputados en la causa y entre los que se encuentran técnicos municipales, arquitectos, empresarios y promotores inmobiliarios como Tomás Zurano, propietario de la constructora 'Dizu' y detenido por la Guardia Civil en abril de 2008 durante la operación 'Costurero'.

Zurano, junto al alcalde y el concejal de Urbanismo del municipio de Zurgena (Almería), Cándido Trabalón y Manuel Tijeras (PA), están implicados en otra trama en la que se apuntan delitos de presunta prevaricación, cohecho y delito contra la ordenación del territorio ante la sospecha de irregularidades en la construcción de un millar de viviendas en la localidad del Valle del Almanzora.

García Collado (PSOE) declaró por primera vez el 16 de noviembre de 2007 ante el Juzgado de Instrucción número 2 del municipio, entonces encargado de la instrucción del caso. La Fiscalía Provincial apreció indicios de ílicito penal en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras la denuncia que señalaba posibles irregularidades que habrían derivado en plusvalías millonarias gracias a la recalificación de suelo.

En concreto, y según constaba a priori en la investigación iniciada, el equipo de gobierno huercalense habría incluido en el documento aprobado inicialmente en julio de 2005 terrenos rústicos que, tras ser vendidos por sus propietarios, habrían pasado a ser urbanos y multiplicar, por tanto, su valor.

El PP de Huércal Overa cifró en hasta 800 millones de euros las citadas plusvalías de un planeamiento urbanística que fue el primero en ser aprobado en 2007 por la Comisión Provincial de Urbanismo tras adaptar su contenido a Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

El regidor huercalense aseguró ese mismo día tras salir de los juzgados que se había "desmontado" la trama de "manipulación" y "tergiversación" de los 'populares', y alegó no tener "nada que ocultar" como lo demostraban los documentos aportados, según dijo, al juez al tiempo que defendió el planeamiento como "acorde" a las "necesidades y el crecimiento del municipio".