Se investiga un presunto desvío de 8 millones de euros de fondos destinados al arbitraje
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha ordenado al juez instructor del 'caso Soule', en el que se indaga en las presuntas irregularidades en la gestión de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que vuelva a tomar declaración en calidad de investigado a Villar y que llame como imputados al que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio y al secretario general de la RFEF Raúl Massó --que fue secretario técnico del CTA-- por un presunto desvío de fondos de casi ocho millones de euros.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal estiman parcialmente el recurso interpuesto por la Liga Nacional de Fútbol Profesional que recurrió el auto del juez instructor Alejandro Abascal en el que acordaba prorrogar tres meses la investigación y rechazaba la solicitud de citar como investigados a Sánchez Arminio y a Massó, entre otras razones, porque ya habían declarado como testigos.
El tribunal desestima la otra petición de la Liga para que se tenga como investigada a la RFEF. La Sala explica que esta diligencia deberá estudiarse más adelante, a la espera del resultado de las declaraciones de los tres anteriores.
La resolución señala que procede tomarles declaración como investigados, "sin perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas, ya que lo conveniente en este momento es verificar si hay indicios de la posible responsabilidad penal y si esos indicios son imputables a las personas cuya declaración solicita la Liga".
INDICIOS RACIONALES Y SUFICIENTES
Para la Sala, el hecho de ya hayan declarado previamente como testigos no es óbice para su posterior cambio de condición, pasando a ser investigados. "No es sino la existencia o no de indicios racionales y suficientes de criminalidad lo que ha de determinar si la solicitud de incorporación de las personas citadas como investigas debe o no atender".
El auto, fechado el pasado 13 de marzo, recoge los argumentos del La Liga, que denunciaba que de las diligencias practicadas se derivaba "la existencia de un nutrido volumen de pagos manifiestamente ajenos" a los fines convencionales para los que La Liga aportaba determinados fondos a la RFEF.
Indicaba que esos pagos se llevaron a cabo en virtud de un 'Acuerdo arbitral referente a la aplicación del posible remanente generado como consecuencia de los fondos transmitidos por la Liga a la RFEF'. Y ponía el foco en que ese acuerdo era "alcanzado y documentado por personas sin atribución ni competencia alguna para ellos.
Apuntaba además que esa actuación se hizo "a espaldas" de La Liga, de forma que los que eran a la fecha de los hechos presidente y secretario del CTA (Sánchez Arminio y Massó) "prestaron su conformidad y ordenaron el pago de una serie de facturas" con fondos de La Liga. "Gastos completamente ajenos al fútbol profesional, alterándose así el destino de los fondos entregados por la Liga a la RFEF", añadía La Liga.
Al hilo, apoyaba la petición de que la propia RFEF fuera imputada en este caso en que ambos eran subordinados del presidente de la Federación --Villar--.
Con esta resolución, que no pone fecha a la declaración de los tres ya que tendrá que ser el instructor quien la fije, la Audiencia Nacional acoge el criterio de la Fiscalía, que en ya en febrero consideró que era pertinente citar como investigados al que fuera jefe de los árbitros y a Massó.
LOS FONDOS DE LAS QUINIELAS
El Ministerio Público explicaba que La Liga percibe fondos de la recaudación de las quinielas, cuyo control y seguimiento tiene encomendada la Comisión de Seguimiento en la Participación de las Quinielas Deportivas, dependiente del Consejo Superior de Deporte (CSD), sin perjuicio de las funciones de control financiero realizadas por la Intervención General la Administración del Estado (IGAE).
Y que una de las obligaciones establecidas mediante acuerdo de la citada comisión a partir el ejercicio 2004/2005 es que esa aportación de dinero público se destine a sufragar el pago de los derechos de arbitraje de las competiciones oficiales de fútbol, y que cualquier otro tipo de obligación a sufragar mediante ese remanente requerirá la previa comunicación y acuerdo favorable de la citada comisión.
Por eso, se hicieron los convenios de coordinación entre La Liga y la RFEF, en cuya virtud, la primera hace entrega de aportaciones a la RFEF, asumiendo esta última su gestión, sin contraprestación alguna.
El auto de la Sala Segunda recoge también que el fiscal apunta que los informes periciales practicados en las actuaciones concluyen que las aportaciones realizadas por La Liga correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en la suma de 7.999.013,18 euros, correspondientes a estos conceptos, indicando que esta diferencia no se encuentra justificada y que tales fondos no han sido destinados a su fin.
"Y de lo instruido se desprenden indicios de que, en la decisión de destinar tales fondos a otro tipo de gastos, diferentes a los previstos en los convenios, habrían intervenido tanto el presidente como el secretario técnico del CTA", concluye el Ministerio Público.
LAS TESTIFICALES DE LOS ÁRBITROS Y EL CONTABLE
La Sala explica además que esos indicios vienen tanto de las declaraciones de Sánchez Arminio y Massó, como de las testificales de varios árbitros como Antonio Miguel Mateu Lahoz, Alberto Undiano Mallenco o David Fernández Borbalán, entre otros. Estos, sitúan a los ahora investigados como las personas que les remitieron eldocumento para la aplicación del llamado 'remanente', de fecha 20 de agosto de 2010.
También se ha tenido en cuenta la documentación remitida en tres USB por la propia RFEF, "de la que se desprende la existencia de posibles desvíos de fondos, en la categoría denominada 'diferencia'".
Suman a esto la declaración testifical del contable del CTA, Benito Cornejo, quien manifestó "que seguía las ordenes de su presidente para hacer los pagos correspondientes", y el informe pericial de la IGAE que apuntaba a la cifra de 8 millones.
