Andratx.-La Audiencia Provincial decide estos días la fecha de celebración de la vista solicitada por la Fiscalía

PALMA DE MALLORCA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El recurso de apelación directa presentado el pasado 14 de diciembre por la Fiscalía Anticorrupción por la puesta en libertad del ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y el ex celador de Obras municipal, Jaume Gibert, entró ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, que decidirá en los próximos días la fecha de celebración de la vista solicitada por el fiscal Anticorrupción de Baleares, Joan Carrau, en dicho recurso.

Según informaron a Europa Press fuentes judiciales, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, una de las dos que se dedica a procesos penales, decidirá en días muy próximos la fecha de la vista y si ésta se realiza con carácter público o a puerta cerrada.

En la misma, tres de los cuatro magistrados que componen la Sección, presidirán la sala, en la que también estarán presentes el fiscal y los abogados de ambas partes, aunque no es necesario que los imputados se personen en el lugar cuando se celebre. Tras exponer los hechos oralmente, serán los tres magistrados los encargados de decidir en el transcurso de varios días si se estima o no la petición de la Fiscalía.

PRESIÓN PARA DISTORSIONAR LA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía Anticorrupción recurrió el pasado mes de diciembre ante la Audiencia Provincial el auto de libertad bajo fianza dictado por el juez que instruye la operación 'Voramar', Álvaro Latorre, por el que se concedió la libertad con cargos al ex primer edil y al ex celador, bajo fianza de 100.000 y 60.000 euros respectivamente, al considerar que ambos imputados tenían "una capacidad de influencia y de presión que podría distorsionar el resultado de la investigación".

El fiscal Carrau explicó que la Fiscalía recurrió el auto de libertad bajo fianza dictado por Latorre al considerar que "no es conforme a derecho" que el dinero intervenido en las cuentas corrientes de ambos imputados "pueda ser intervenido para fianzar", ya que según subrayó, "ese dinero puede estar sujeto a responsabilidades pecuniarias".

Asimismo, Carrau afirmó que la Fiscalía basó su recurso en que la cuantía de la fianza es "desproporcionada", ya que según indicó, ambos imputados reconocieron haber participado en operaciones inmobiliarias que les reportaron unos beneficios próximos a los dos millones de euros.