Perera alega que no existe ningún riesgo de que el ex alcalde pretende destruir pruebas ni obstruir el proceso de instrucción
PALMA DE MALLORCA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Fiscal Anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, pidió hoy 45 días de prisión para el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y el ex celador de Obras municipal, Jaume Gibert, a fin de evitar que los dos imputados en la operación 'Voramar' interfieran en el desarrollo de la investigación y se produzcan maniobras de destrucción de pruebas relacionadas con el caso Andratx.
Tras finalizar la vista donde se ha estudiado el recurso de apelación que Carrau presentó el pasado 14 de diciembre ante la Audiencia Provincial contra la puesta en libertad de los dos principales acusados en el caso, el abogado encargado de la defensa de Hidalgo, Rafael Perera, explicó que la petición del Fiscal la dictarán los magistrados de la Sección Segunda del órgano judicial dentro de esta semana o transcurridos unos ocho días o diez días.
Frente a los argumentos ofrecidos por Carrau, Perera alegó que en estos momentos no existe ningún tipo de riesgo de que Hidalgo vaya a destruir pruebas, "algo que tampoco había intentado anteriormente". Según aseveró, tampoco hay pruebas de una posible obstrucción de la investigación ni de que el ex primer edil pretenda fugarse, ya que "si hubiera querido hacerlo, ha tenido grandes oportunidades para ello, incluso antes de que fuera detenido".
"En ese caso, podía haberse evitado el bochorno de haber salido en el telediario de las 15:00 horas cuando le estaban colocando los grilletes en su despacho oficial", manifestó al respecto Perera, quien declaró asimismo que los siete delitos de corrupción urbanística por los que se acusa a Hidalgo no tienen "suficiente" base legal "habida cuenta del desbarajuste urbanístico existente en Andratx, al no haber unas Normas Subsidiarias como las establecidas en el resto de Ayuntamientos".
Por otro lado, Carrau defendió además que "en absoluto" Hidalgo destruyó pruebas y, según incidió, los investigadores han comprobado que los documentos que aparecieron en un contenedor municipal cercano al Ayuntamiento no suponen ninguna prueba de cargo sino que se trata de "simples" recortes de prensa, propaganda, convocatorias de juntas y copias de actas de sesiones municipales, "todo totalmente intrascendente".
De esta forma, Perera afirmó que se ha demostrado de forma "contundente" que no se produjo ninguna maniobra de ocultación, obstrucción y destrucción de pruebas, al tiempo que recordó que, según consta en las diligencias, Hidalgo se sentía vigilado y controlado antes de ser detenido. "No estoy destapando ninguna novedad", manifestó el abogado, quien agregó que el ex primer edil "había sido guardia civil y había pertenecido al servicio de información, por lo que lógicamente alguien que ha estado en el gremio sabe cuando le están siguiendo".
A este respecto, añadió que Hidalgo tenía decidido dejar la alcaldía, lo que motivó las entrevistas que mantuvo "con algún cargo político para comunicarle su decisión, que es lo que cualquiera hubiera hecho si quiere dejar el despacho que ha ocupado durante cierto tiempo". Tras reconocer que la vista ha sido "larga y tensa", Perera aseveró que lo que a partir de ahora procede es que el tribunal se pronuncie y que Hidalgo se mantenga "en la misma situación que en la que se encuentra en estos momentos".
El acto, que dio comienzo pasadas las 10:30 horas y duró unas tres horas, no ha sido de carácter público debido a que el procedimiento aún se encuentra en fase de instrucción, por lo que sigue siendo secreta salvo para las partes. Tres de los cuatro magistrados que componen la Sección presidieron la vista aunque no estuvieron presentes ni Hidalgo ni Gibert. Tras exponer los hechos oralmente, serán estos magistrados quienes decidirán en el transcurso de varios días si se estima o no la petición de la Fiscalía.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto de libertad bajo fianza dictado por el juez que instruye la operación 'Voramar', Álvaro Latorre, por el que se concedió la libertad con cargos al ex primer edil y al ex celador, bajo fianza de 100.000 y 60.000 euros respectivamente, al considerar que ambos imputados tenían "una capacidad de influencia y de presión que podría distorsionar el resultado de la investigación".
