PALMA DE MALLORCA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
EL PSIB-PSOE considera que las detenciones ayer del alcalde de la localidad mallorquina de Andratx, Eugenio Hidalgo, y el director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, por presuntas irregularidades urbanísticas, tendrá como consecuencia una "aceleración" en la apertura de la Oficina de Control del Patrimonio de altos cargos.
Así lo manifestó hoy a Europa Press el portavoz adjunto de la formación política en el Parlament, Antonio Diéguez, quien recordó que los socialistas presentaron una proposición de ley el pasado 15 de noviembre para la creación de un órgano de control patrimonial y que, una semana después -el día 21-, el PP "transformó" y presentó como enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2007.
Según Diéguez, con esa actuación, el Govern "le quitó -a la propuesta de ley- todo lo que la hacía efectiva", lo cual definió como un "fraude", ya que "no se puede presentar una ley como enmienda de otra", Cicunstancia que se tradujo hace unos días en una petición del PSIB-PSOE a la Mesa del Parlament para que se retire la propuesta de los populares y que se debata de nuevo para establecerla como ley.
Para el portavoz parlamentario de los socialistas, la tesis que siguió su partido para llegar a la conclusión de que es necesario crear un órgano de control se basa en que "determinados incrementos de patrimonio extraños son síntoma de corrupción", teoría que consideró que ha quedado "demostrada" en el caso de Andratx, a tenor de las detenciones de ayer.
Diéguez aseguró que, en su opinión, la situación que se abre tras el arresto de Hidalgo "genera" las condiciones adecuadas para que se "agilice" la creación de la ley que servirá para crear la Oficina de Control del Patrimonio de altos cargos, a la que habría que dotar de un carácter "más disuasorio que depresivo", precisó.
Además, el portavoz parlamentario manifestó que su partido "exigirá" que esa oficina esté encabezada por un director que pertenezca a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -preferentemente de la Guardia Civil- que esté especializado en investigar el blanqueo de capitales, al considerar que se trata de la preparación "más adecuada" en estos casos.