Apunta que Celma ya protagonizó "una extensa declaración" como testigo en febrero de 2013 "sin que proceda modificar su condición procesal"
MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción considera "innecesaria" la imputación de la compañía Deloitte y de su socio auditor, Francisco Celma, en el 'caso Bankia', solicitada por la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) y el colectivo 15MpaRato, "al menos hasta que se despejen algunas incertidumbres" sobre su actuación en relación con las cuentas con las que la entidad salió a Bolsa en 2011.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón señala que Celma ya protagonizó "una extensa declaración" como testigo en febrero de 2013 "sin que proceda, por el momento, modificar dicha condición procesal".
El representante del Ministerio Público rechaza la petición de la CIC argumentando que es necesario determinar en el procedimiento "algunas incertidumbres que todavía pesan sobre los hechos respecto de los que Deloitte podría tener alguna participación relevante", en la línea de lo expuesto en un recurso de apelación presentado por esta parte el pasado 24 de febrero.
Luzón, además, señala que la CIC "no tiene legitimación procesal para intervenir en este procedimiento", toda vez que el juez Andreu aceptó el 18 de abril de 2013 la personación de esta organización tras imponerle una fianza de 20.000 euros y "con la condición --no cumplida en este escrito-- de que su intervención procesal debía deducirse bajo la misma postulación y defensa letrada que Unión Progreso y Democracia (UPyD)".
El colectivo 15MpaRato, que se adhirió a la petición de la CIC, alegaba que Deloitte avaló las cuentas de la entidad en 2011, que tuvieron que ser reformuladas tras la intervención del Estado y pasaron de arrojar unos beneficios de 309 millones de euros a unas pérdidas de 2.979. A su juicio, la auditora "en ningún momento" efectuó "ninguna salvedad a las cuentas de Bankia que, según los informes de los peritos independientes designados por el Banco de España, contenían "importantes errores que ya se conocían" en el momento de ser elaboradas.
Las acusaciones también fundamentaban su petición, entre otras razones, en la declaración de la exconsejera de Bankia e integrante de la Comisión de Auditoría Araceli Mora, que declaró ante el juez Fernando Andreu el 18 de diciembre de 2012 que Celma justificó el retraso en la presentación del informe de auditoría sobre las cuentas de 2011 alegando que el expresidente, Rodrigo Rato, estaba manteniendo "negociaciones" sobre el futuro de la entidad.
Mora, que dimitió en la mañana del 25 de mayo de 2012 para no tener que aprobar las cuentas reformuladas, defendió la coherencia del primer balance y señaló que el 3 de mayo, tras enterarse por el periódico de que éste había sido aprobado sin el informe de la auditora, telefoneó a Celma para pedirle explicaciones. "Tú sabrás, que estáis de negociaciones", le contestó el auditor, según fuentes presentes en la declaración de la exconsejera.
SANCIÓN A DELOITTE
Además, las acusaciones de la CIC y del 15MpaRato recordaban que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, sancionó con una multa de 12 millones de euros a Deloitte tras considerar que los procedimientos que había seguido para avalar estas cuentas "no fueron acordes a las normas de contabilidad ni realizados con la independencia requerida".
En la declaración judicial que prestó el pasado 20 de febrero de 2013 ante el juez Andreu, Celma aseguró que en marzo del año anterior advirtió a la dirección de Bankia de que existían "dudas razonables sobre la viabilidad futura del grupo" y que, a su juicio, el plan de capitalización que aprobó el Banco de España en abril tampoco garantizaba su solvencia, informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.
El testigo, que permaneció declarando durante más de cinco horas, defendió que la auditora fue avisando puntualmente de la situación en que se encontraba el grupo financiero, lo que contradice tanto la versión aportada por Rato como por el resto de exconsejeros de la entidad, que apuntaron que sólo se realizaron objeciones a la situación del Banco Financiero de Ahorros (BFA).
El representante de la firma, que se encargó de la auditoria externa para Bankia y BFA, explicó que no avaló las cuentas de Bankia en 2011 que presentó el equipo de Rodrigo Rato porque habría sido ilegal, ya que no le llegaron firmadas por los miembros del Consejo de Administración.
"No se pudo emitir informe de auditoria hasta el 25 de mayo de 2012, cuando se presentaron las cuentas formuladas y firmadas", dijo, para negar que hubiera trasladado a la consejera Araceli Mora que Rato estuviera negociando soluciones a la situación de la entidad, como ésta aseguró ante el juez.
