El instructor achaca al empresario Carlos Sánchez pagos de 5,3 millones de euros por cinco operaciones urbanísticas
MÁLAGA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Anticorrupción de Málaga consideró hoy que debe ser valorado el que los imputados en la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), denominado caso 'Malaya', colaboren con la justicia y recordó que la legislación recoge este hecho como un atenuante. Por contra, las defensas de varios presuntos implicados criticaron la "desigualdad en el trato" a sus defendidos respecto a otros.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga acogió hoy las vistas por los recursos presentados por las defensas de los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, y del edil Rafael Calleja, en los que se solicitaba su puesta en libertad. El fiscal se opuso a ello, al considerar que existen los presupuestos por los que se dictó la prisión, como son los riesgos de fuga y de destrucción de fuentes de prueba.
Los letrados expusieron la vulneración del principio de igualdad y aseguraron que es "discriminación" el que "situaciones similares tengan distintos tratamientos". Así, hablaron de "irracionalidad manifiesta" en el caso de los argumentos esgrimidos para asegurar la existencia del riesgo de fuga y de "arbitrariedad" en las resoluciones, solicitando en el caso de Calleja una "motivación expresa" de que existen dichos peligros.
En este contexto, solicitaron a la Sala que proporcione "el equilibrio necesario ya en esta causa" y destacaron que se trata de una "paradoja" el que estén en prisión algunos ediles y libres "empresarios y los concejales de la jerarquía de la corporación", en referencia a la excarcelación de la ex alcaldesa, Marisol Yagüe; y de la ex primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; y del edil de Transportes, Victoriano Rodríguez.
En el caso de Sánchez, su defensa dijo que están en libertad "todos los presuntos responsables de las operaciones que se le imputan a mi defendido", poniendo como ejemplo empresarios como Ávila Rojas, en el que podría darse "una situación similar" respecto al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y que "ni entró en prisión".
El fiscal contestó asegurando que "no se puede decir" que se mal utiliza la prisión y al mismo tiempo hacerse eco de las últimas tres libertades, ocurridas ayer, de personas que, precisamente, "no reconocieron los hechos". Insistió en que no se utiliza la medida privativa de libertad para fines diferentes de los que marca la ley, como son evitar la fuga y la destrucción de pruebas, riesgos que aún se dan en algunos presuntos implicados que están en prisión.
Recordó que el que la colaboración de un imputado se valore ha sido "pedida" por todas las defensas y que está recogida como atenuante en la legislación; aunque estimó que no se puede confundir "el que se tenga en cuenta el reconocimiento de los hechos con que sea un camino a seguir", como dicen las defensas.
INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL
El fiscal mantuvo que existen indicios de responsabilidad criminal, con lo que queda "justificada" la doble razón para mantener la medida de prisión, recurrida por las partes; e hizo hincapié en que se trata de una "trama de corrupción organizada con trasiego de dinero opaco", lo que dificulta la concreción de determinados hechos delictivos.
En el caso de Carlos Sánchez, indicó que el juez le achaca en su auto el pago en dos años de un cantidad de 5,3 millones de euros por cinco operaciones urbanísticas, como son dos permutas de locales, uno en Puerto Banús; dos licencias para ampliar el volumen de edificación y el convenio de la finca La Gitana, licencia concedida en marzo de 2003 y paralizada por el TSJA, para lo que se le atribuye un pago de tres millones de euros.
La defensa del imputado, por contra, indicó que no hay vinculación documental de Sánchez con Roca y precisó que su patrocinado "no ha realizado actividad constructora en Marbella". Además, aludió a problemas de salud, tanto de Sánchez como de su otro cliente, Andrés Liétor, que se agravan por el "estrés" de la prisión.
Por otro lado, la Sala vio también los recursos de apelación de García Marcos y Victoriano Rodríguez, ya en libertad desde ayer y defendidos por el letrado Javier Gómez de Liaño, quien mantuvo la "ilegalidad" de los autos dictados.
En este caso, el fiscal habló de los indicios de criminalidad contra la ex primera teniente de alcalde, asegurando que conversaciones telefónicas y declaraciones de otras personas muestran que fue objeto de "sobornos" entre 2004 y 2005 por valor de 294.000 euros.
Además, añadió que su imputación por cohecho "se agrava" tras la aparición de nuevos hechos como la permuta de un local en Puerto Banús, según se recoge en el auto de excarcelación, al que tuvo acceso Europa Press; operación en la que hubo "reparto de sobres entre los concejales, incluida la señora García Marcos". Uno de sus abogados defensores, José Carlos Aguilera, explicó que se trata de una permuta realizada "con todos los informes favorables".
