SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La vista señalada para hoy en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla para juzgar a un padre acusado supuestamente de abusar sexualmente de sus tres hijos, para el que el ministerio fiscal solicita una pena de 30 años de cárcel, ha sido aplazada hasta el 1 de diciembre ante la incomparecencia, por enfermedad, de una perito.
La de hoy ha sido la tercera vez que la vista por el caso ha tenido que ser suspendida. Y es que el juicio iba a celebrarse el pasado 29 de junio, si bien tuvo que ser aplazada hasta hoy por la falta de un testigo y ante la petición de su abogado de una prueba para demostrar la adicción del acusado, desde hace años, al alcohol. Tal suspensión fue la segunda realizada por el caso. La primera se produjo el pasado 25 de mayo motivada por un fallo del sistema de videoconferencia de los Juzgados de Viapol, dispuesto para que las supuestas víctimas no tuvieran que acudir a la sala de vistas y evitarles así el contacto visual con su padre.
Así lo informaron a Europa Press fuentes del caso, que añadieron que las partes intentaron, con todo, el pasado junio alcanzar un acuerdo de conformidad, algo que finalmente no fue posible. El letrado de la defensa explicó, por su parte, a Europa Press que la prueba solicitada al forense es para determinar que es, desde hace años, adicto al alcohol y a las drogas, explicando que también pretende que se determinen con ello los posibles daños mentales que estas adicciones le han podido causar.
Además de la citada pena, el fiscal pide para el acusado una indemnización de 6.000 euros para cada uno de los tres menores. Según consta en el escrito de acusación del ministerio público, al que tuvo acceso Europa Press, el acusado, J.B.S., realizó en su domicilio, ubicado en Sevilla, entre el verano y octubre de 2002, supuestos abusos a sus hijos, hasta que estos ingresaron en un centro de protección.
Así, se le acusa de haber efectuado acciones libidinosas contra sus dos hijas, entonces de 10 y 11 años, bajo la amenaza de pegarles y castigarlas si no hacían lo que les pedía. La mayoría de las actuaciones se realizaron en la cama del procesado. Además, se le acusa de haber obligado presuntamente a una de sus hijas y a su hijo, entonces de ocho años, a tocarse recíprocamente los genitales, mientras el procesado lo presenciaba tocándose a sí mismo.
Por su parte, la Junta de Andalucía, personada en la causa, reclama una pena de 39 años de cárcel para el acusado y que indemnice a cada una de las víctimas con 2.000 euros para el resarcimiento de los daños morales supuestamente causados.
