MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces, ha hecho público un comunicado con motivo de la apertura del año judicial en la que asegura que "el curso pasado concluyó con un suspenso generalizado de las políticas seguidas por el Ministerio de Justicia, que ha sido incapaz de llegar a soluciones en asuntos capitales".
En este sentido, asegura que el Ministerio no ha podido resolver temas como la implantación de la Oficina Judicial, la aplicación de nuevas tecnologías en el trámite procesal y en las comunicaciones, la elaboración de un nuevo modelo retributivo, la satisfacción de guardias y sustituciones.
Según el comunicado de la Asociación, sucede lo mismo "con todas aquellas cuestiones directamente ligadas a la eficacia de la organización judicial, imprescindible para lograr una tutela judicial efectiva a favor de los ciudadanos en un contexto de eficiencia y motivación para sus servidores".
INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
"No es esa, más allá de la propaganda, la finalidad primordial de las políticas ministeriales centradas, por el contrario, en medidas tendentes, como se ha anunciado y se viene haciendo sin pudor, a la intervención administrativa de los juzgados y tribunales: consejos autonómicos, instrucción de causas por este Ministerio Fiscal, expulsión del juez de la Oficina Judicial, control de agendas, etc. Parece como si el problema fuera el juez y fuera posible solucionarlo sin su concurso", han denunciado.
A su juicio, el Ministerio "se niega a negociar" porque "es consciente de que sus políticas intervencionistas no pueden encontrar el apoyo de los sectores más conscientes de la realidad y comprometidos con la independencia judicial", que son el pilar constitucional del Estado de Derecho al servicio de los ciudadanos.
Por ello, la APM asegura no entender que las reivindicaciones con ocasión de la apertura del año judicial "se enfoquen en su esencia hacia cuestiones relativas a subidas de sueldo y disminución de la carga de trabajo" ya que, para ellos, son reivindicaciones "transcendentales" pero "ni pueden ser las primeras en un contexto de profunda crisis económica, ni pueden ser esgrimidas aprovechando el protocolo solemne de apertura de los tribunales".
UNIDAD DE ACTUACIÓN
En su opinión, "sólo con una estrategia de largo recorrido, planificada, establecida y ejecutada sin improvisación ni oportunismo por el conjunto de los jueces y sus organizaciones, es posible rectificar lo mal hecho y hacer frente a las medidas que se avecinan, desde la responsabilidad institucional que como poder del Estado a los jueces se les exige".
Así, la APM invoca "la unidad de actuación sobre postulados de colaboración con aquellas instituciones llamadas a velar por la independencia, también económica", e integridad del estatuto de jueces y magistrados al servicio de los ciudadanos.