Aralar acusa al Gobierno navarro de usar la modificación de la RGI para endurecer el acceso a ayudas sociales

Aintzane Ezenarro
EUROPA PRESS
Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 11 octubre 2011 20:27

BILBAO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aralar ha acusado a la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Aintzane Ezenarro, de usar la modificación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para "endurecer las condiciones de acceso a ayudas sociales".

La portavoz parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, interpelará a la consejera de Asuntos Sociales a ese respecto, durante el pleno de control al Gobierno, el próximo viernes.

En opinión de Ezenarro, la modificación de la ley que regula la ley de garantía de ingresos "es un cambio sustancial". "El objetivo inicial era gestionar las ayudas sociales a través de Lanbide, pero ha quedado en evidencia que han querido también endurecer las condiciones para la obtención de las ayudas y reducir así el universo de las personas receptoras, cediendo, de paso, a las presiones del PP", ha criticado.

La portavoz de Aralar cree conveniente que la consejera explique, en sede parlamentaria, "las razones que han llevado al Gobierno ha aceptar esos cambios", por lo que preguntará a la consejera sobre "las medidas concretas que llevará a cabo el Ejecutivo para evitar que las personas receptoras de las ayudas, que también son parte de nuestras sociedad, no se queden fuera del sistema de protección".

En una segunda interpelación, Ezenarro exigirá a Zabaleta que explique "a qué se refiere cuando dice que las personas receptoras de la Renta de Garantía de Ingresos no podrán renunciar a ninguna oferta de trabajo, si no quieren quedar fuera del sistema de prestaciones".

En opinión de Ezenarro, al acuerdo alcanzado por el Grupo socialista que sustenta el Gobierno vasco y "su socio preferente", el PP, "le falta concreción", por lo que pedirán a la consejera que aclare "a qué se refiere cuando habla de empleo adecuado".

Aralar defiende que el servicio público de empleo tiene que "priorizar el trabajo de calidad, tanto a través de las políticas de empleo como en las ofertas públicas de empleo, ya que a menudo no son equivalentes la idoneidad y la dignidad del empleo".

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