Archivo (Ampl.)- El abogado del Estado pide levantar la paralización del envío porque supone no aplicar una ley aprobada

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Abogacía del Estado en la Audiencia Nacional, Manuel Pacheco, pidió hoy a los magistrados de la Sección Séptima de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia que levanten la medida "cautelarísima", decretada el pasado viernes, de paralizar el envío de documentos desde el Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, a la Generalitat de Cataluña, porque, en su opinión, en la práctica supone no aplicar la ley aprobada por el Parlamento español para restituir los documentos incautados durante la Guerra Civil al Gobierno catalán.

Los magistrados de la Sección Séptima, que acordaron la paralización del envío de documentos conforme solicitaba en su recurso el Ayuntamiento de Salamanca, comenzarán a deliberar esta tarde sobre si deben mantener o levantar la medida, tras escuchar las alegaciones del Consistorio y de la Abogacía del Estado en relación con el traslado de documentación del Archivo General de la Guerra Civil a la Generalitat. Los jueces disponen de un máximo de cinco días para decidir sobre la medida cautelar.

El fondo del recurso del Consistorio no se estudiará de momento por el tribunal, quien será el encargado de determinar la procedencia o no del traslado y si en todos los documentos enviados se cumple la ley de restitución de los expoliados. Por ello, la Abogacía del Estado destacó que el envío de documentos nunca será irreversible, si en algún caso se comprueba que se trata de escritos ajenos a la Generalitat.

El Ayuntamiento de Salamanca, que fue representado por el letrado José María Benavente, citó como testigos a los directores del Archivo General de la Guerra Civil Española, Miguel Angel Jaramillo, y del Archivo General de Castilla y León, Carlos Travesí de Diego. Ambos admitieron su oposición a la ley de devolución de documentos.

Durante la vista celebrada hoy, el abogado del Ayuntamiento recordó que el Archivo General de la Guerra Civil tiene su sede en el edificio San Ambrosio de Salamanca desde 1937, por lo que está legitimado para recurrir el traslado de documentos a la Generalitat, porque, en su opinión, se ha realizado sin respetar la propia ley 21/2005, aprobada por el Congreso de los Diputados para restituir al Ejecutivo catalán los documentos incautados durante la Guerra Civil. En este sentido, el abogado del Estado Manuel Pacheco recordó que es a la Administración del Estado a quien corresponde la custodia de los documentos de la Guerra Civil.

El primer argumento del recurso es que sólo se pueden devolver los documentos pertenecientes a la Generalitat y a sus órganos dependientes, y se han trasladado documentos que no les pertenecen. Así lo declararon ambos testigos, aunque a preguntas del Abogado del Estado admitieron que todos los papeles o bien llevan el membrete de la Generalitat o bien el propio Archivo General de la Guerra Civil los catalogó como procedentes del Gobierno catalán, aunque existan dudas al respecto.

PARALIZACIÓN SIN SENTIDO.

El abogado del Estado jefe también recordó la posibilidad de que funcionarios de la Generalitat se llevaran documentos a casa para protegerlos y se preguntó por qué los testigos resaltaban tanto sus dudas de que procedieran de la Generalitat. Insistió en que en ningún caso se trataba de documentos que no fueran del Gobierno catalán, y que siempre, si en algún caso se determinaba que no le pertenecían, se podrían devolver a Salamanca, por lo que la medida cautelarísima carecía de sentido, porque no impide un acto irreversible.

Según el abogado Benavente, en las 500 cajas paralizadas en Madrid hay documentos de identidad electoral de municipios catalanes, cuando la Generalitat nunca tuvo potestad en este ámbito, cartillas de racionamiento y documentos de conducir. En un momento determinado, el letrado dijo que se tendrían que devolver a sus titulares y que éstos podrían llegar a destruirlos, algo que negó el abogado del Estado, no sólo porque fueron incautados por las fuerzas franquistas en organismos oficiales y no en domicilios, sino porque todo lo que se envíe a la Generalitat se guardará en sus archivos y no será entregado a terceros.

PERDER LA HISTORIA.

El Ayuntamiento también aseguró que los documentos entregados no habían sido copiados, por lo que "en caso de pérdida o destrucción se perderán aspectos fundamentales no sólo de la historia de Cataluña, sino también de la historia de nuestro país". Además, afirmó que "si los documentos llevan en el Archivo General de la Guerra Civil desde 1937, no parece que exista un interés general en el traslado".

A preguntas del abogado del Estado, los dos testigos propuestos por el Ayuntamiento recordaron el convenio de 1983 por el que se acordó microfilmar los documentos custodiados en el Archivo General.

MILICIAS ANTIFASCISTAS CATALANAS.

Uno de los aspectos más controvertidos de los documentos enviados a la Generalitat son los pertenecientes a las Milicias Antifascistas Catalanas, que, según el recurso, siempre fueron independientes del Gobierno catalán y por ello en el propio archivo de la Guerra Civil se guardaban por separado.

El abogado del Estado aprovechó el interrogatorio a Carlos Travesí para desacreditar el informe que hizo sobre los documentos enviados a Cataluña, porque el testigo tuvo que admitir que su información la obtuvo de la página Web del Ministerio de Cultura y no con documentos bajo su custodia. El que las Milicias Antifascistas fueran totalmente independientes de la Generalitat, como aseguraba Travesí, fue contestado con cierta violencia por la Abogacía del Estado, ya que en la cabecera de sus escritos constaba el membrete oficial del Ejecutivo catalán.

Jaramillo, por su parte, explicó que en el Archivo de la Guerra Civil los documentos de la Generalitat y los de las Milicias no estaban juntos porque se trataba de papeles incautados por el Franquismo para realizar tareas de control y represión de los vencidos, tras la guerra, por lo que se guardaban de una forma aleatoria y se entregaban a la institución franquista que los solicitaba.

El letrado de Salamanca también señaló como incumplida la ley de devolución de documentos expoliados por la ausencia de un informe del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil. Su director aseguró que no se llegó a hacer, porque existía una ley nacional que ordenaba el traslado, a lo que el abogado del Estado respondió que "si de algo había pecado la Administración del Estado es de una exquisita escrupulosidad".