Un año largo ha durado el proceso que se ha visto salpicado por numerosas diatribas jurídicas y políticas
MADRID/BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los documentos del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, reclamados por la Generalitat se encuentran ya en Cataluña, en concreto, en la localidad barcelonesa de Sant Cugat del Vallés, según confirmaron hoy a Europa Press fuentes del Ministerio de Cultura.
En torno a las 8:30 horas, una comitiva de turismos acompañada por dos furgonetas blancas y una azul llegaron al Archivo Municipal de Sant Cugat del Vallés, en las afueras de Barcelona, y los dos vehículos blancos entraron en las instalaciones, según pudo constatar Europa Press.
Media hora después, los turismos abandonaron el lugar, pero las dos furgonetas blancas permanecían allí. El traslado de los 'papeles' se hizo con discreción, según afirman testigos, que no advirtieron la presencia de ninguna fuerza de seguridad.
UN LARGO PROCESO
Hasta llegar a este punto, el proceso de traslado de los documentos del Archivo de la Guerra Civil reclamados por la Generalitat, ha sido largo.
El Ministerio de Cultura dio cumplimiento el pasado 19 de enero a la Ley de Restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, los cuales se hallaban custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil. La Ley fue aprobada por el Parlamento español el pasado 3 de noviembre y publicada por el Boletín Oficial del Estado el día 18 del mismo mes.
Esta Norma tiene su origen en la Proposición no de Ley (PNL) aprobada por el Congreso de los Diputados el 18 de mayo de 2004. En la misma se instaba al Gobierno a que "inicie un proceso de diálogo con el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, a través de los cauces institucionales oportunos, que permita resolver el contencioso planteado en relación con la documentación incautada que en la actualidad se halla recogida en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca". Esta Proposición No de Ley recogía, además, que la resolución definitiva de este contencioso tenía que ser comunicada al Congreso de los Diputados antes del final del año 2004.
COMITÉ DE EXPERTOS
Al objeto de cumplir con el mandato del Parlamento, el 3 de octubre de 2004 la ministra de Cultura, Carmen Calvo, presentó al Pleno del Patronato del Archivo de la Guerra Civil una lista de 18 expertos, después de haber convocado en dos ocasiones a la Comisión Permanente del Patronato (15 de junio y 14 de septiembre de 2004). El Pleno del Patronato del Archivo aprobó, con 13 votos a favor y dos en contra (los del alcalde de Salamanca y la consejera de Cultura de Castilla y León), la lista de expertos propuesta por el Ministerio de Cultura y consensuada con la Generalidad, tal y como se contemplaba en la Proposición no de Ley.
El Comité, cuya resolución no era de carácter vinculante, tenía como cometido asesorar al Gobierno en su decisión final sobre el futuro de los documentos reclamados por Cataluña. Este Comité aprobó el 23 de diciembre de 2004, por 14 votos a favor y tres abstenciones, un dictamen en el que consideraba "justas y legítimas" las razones que avalan la devolución de los fondos documentales de la Generalidad de Cataluña identificados como tales en el Archivo de la Guerra Civil. Asimismo, incluía la exigencia del depósito de copias auténticas en el Archivo de la Guerra Civil y la garantía de conservación de los originales y el pleno acceso a los mismos.
La ministra de Cultura anunció el 28 de diciembre que el Gobierno asumía el informe de la comisión de expertos sobre el Archivo y que se iba a devolver a la Generalidad de Cataluña los documentos que le fueron expoliados en la Guerra Civil.
Junto a las voces que mostraron su satisfacción por este traslado, muchas otras se alzaron en contra del mismo, independientemente de la batalla legal y política que ha ejercido la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento salmantino en esta materia. Así, la Real Academia de la Historia, por ejemplo, redactó un informe a finales de enero del año pasado en el que mantenía la necesidad de "mantenimiento de la unidad del Archivo, puesto que su valor actual es fundamentalmente histórico", señalada el citado informe.
PROCESO LEGISLATIVO
El 15 de abril de 2005, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta de la ministra de Cultura, el Proyecto de Ley de Restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados durante la Guerra Civil que se hallaban en el Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca. En este Proyecto de Ley se incluía, además, la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca.
El Proyecto de Ley fue remitido a las Cortes Generales y aprobado por las mismas el 3 de noviembre de 2005. La Ley ya aprobada fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 18 de noviembre de 2005.
El 12 de enero de 2006 se constituyó una comisión mixta Estado-Generalidad de Cataluña integrada por representantes de ambas administraciones. Esta Comisión identificó 500 cajas cuyo contenido se corresponde con los documentos determinados por la Ley, y que hoy, finalmente ha llegado a Cataluña.
Una vez identificados los documentos, la ministra de Cultura informó a la Junta de Castilla y León que, en cumplimiento de la Ley, el 19 de enero de 2006 se iba a proceder a la salida de los documentos de la Generalidad de Cataluña que estaban en el Archivo de la Guerra Civil. Asimismo, la ministra convocó una reunión de la Comisión Permanente del Patronato del Archivo para el 18 de enero. En esta reunión, Carmen Calvo informó de la salida de documentos del Archivo hacia Cataluña el 19 de enero.
Asimismo, la ministra puso al corriente a la Comisión Permanente de los documentos que iban a ser trasladados fruto de los estudios realizados por la Comisión Mixta Estado-Generalidad.
A VUELTAS CON LA AUDIENCIA
Los últimos coletazos de este polémico traslado llegaron cuando en la noche del 20 de enero la Audiencia Nacional ordenó la inmovilización de las 500 cajas, "quedando en concepto de depósito en el lugar y estado en que se encuentran en el momento de la notificación de la resolución".
La paralización del traslado de los documentos a la Generalitat, solicitada por el Ayuntamiento de Salamanca en su recurso, se adoptó con carácter cautelarísimo, al entender admisible la urgencia argumentada por el Consistorio, porque las cajas aún no habían llegado a Cataluña.
Tras varios días de deliberaciones, y de escuchar a las partes, los magistrados de la Audiencia Nacional autorizaron por unanimidad de sus magistrados el pasado 26 de enero el traslado de estos documentos a Cataluña.
