VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, como miembro del Gobierno regional, explicó hoy que la paralización hasta el martes del traslado a Cataluña de los legajos del Archivo General de la Guerra Civil, ubicado en Salamanca, por parte de la Audiencia Nacional ha estado determinada por la "precipitación absoluta" con la que se ha actuado, ya que se ha aplicado la Ley "sin esperar siquiera a la resolución de "unos tribunales de justicia que han venido dando la razón en este caso muy concreto a los intereses de Castilla y León".
A este respecto, Fernández Carriedo aseguró, en declaraciones recogidas por Europa Press, que las decisiones de paralizar todo el traslado y la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad interpuesto el pasado 12 de diciembre por la Junta ante el Tribunal Constitucional a la Ley de Restitución de los documentos reclamados por la Generalitat son "ciertamente positivas" para la región.
"Son dos elementos ciertamente positivos que reflejan una vez más la precipitación con la que se ha actuado en este caso", aseveró el titular regional de Medio Ambiente y continuó "nada hubiera costado esperar unos pocos días más", ya que recordó que "tenían de plazo hasta el 14 de febrero para poder cumplir la legislación vigente y la Ley que se había aprobado".
Sobre la Ley de Restitución de los documentos reclamados por la Generalitat que fue aprobada por el Senado el 17 de noviembre de 2005, el consejero precisó que es una normativa que "no compartía", aunque indicó que "lógicamente es una ley que hay que aplicar, aunque entendamos que es una ley injusta con los intereses de Castilla y León".
Asimismo, Fernández Carriedo criticó que la mencionada Ley no habría sido aprobada sin el apoyo de los socialistas de Castilla y León y denunció que la Ley se está aplicando "de una forma que la propia Justicia española, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Constitucional está aceptando a trámite y paralizando las tramitaciones".
"Sería bueno que se conociera que Castilla y León también tiene memoria histórica y dignidad. Tanta dignidad como cualquier pueblo de España, y no es necesario que a lo que es una decisión injusta del traslado del archivo se tenga que unir en este caso la humillación", concluyó.
