Arcos.- La Junta andaluza tramita más de 1.400 denuncias por edificaciones ilegales en la Axarquía desde 1997

MÁLAGA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha tramitado desde 1997 hasta principios de este año un total de 1.402 denuncias por edificaciones ilegales en la comarca malagueña de la Axarquía --893 hasta 2005 y 509 desde septiembre de ese año hasta la actualidad--, según informó hoy el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas.

Asimismo, señaló que su departamento ha emitido, a petición de juzgados o fiscales, 62 informes relativos a la comarca axárquica y a diferentes periodos, por lo que de todas esas diligencias "es previsible que se produzcan citaciones por parte de los jueces y también las responsabilidades que se estimen".

De hecho, el titular de Vivienda y Ordenación del Territorio comentó que el mayor volumen de informes remitidos a Fiscalía en la Axarquía se refieren a Cómpeta, con un total de 14. Asimismo, indicó que en el caso de Alcaucín son seis las peticiones.

A raíz del caso de corrupción urbanística investigado en Alcaucín, que supuso la detención de 13 personas, entre ellas su alcalde, José Manuel Martín Alba, expulsado del PSOE y encarcelado, Espadas declaró en rueda de prensa que la Junta de Andalucía "no es un gendarme de ayuntamientos, sino que actúa en base a las competencias que tiene".

Defendió la autonomía local y la capacidad que por ley tienen los ayuntamientos para tomar decisiones en sus localidades: "Son responsables de todo lo que pasa en sus municipios y absolutamente responsables de la disciplina urbanística".

Así, dejó claro que "no existe un principio de jerarquía" entre los consistorios y la Junta de Andalucía; "este consejero no tutela alcaldes", precisó, añadiendo que "tengo un principio y una obligación de lealtad y de cooperación con los ayuntamientos"

DENUNCIA ARCHIVADA

Ante la información relativa a que la Junta archivó en febrero de 2006 una denuncia presentada contra una de las promociones investigadas en la operación 'Arcos' en función de un informe realizado por el jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora, encarcelado en el marco de este caso, Espadas aseguró que este asunto se cerró tras desarrollar una investigación.

Espadas explicó, en este sentido, que se instó al Ayuntamiento de Alcaucín a que se pronunciara sobre la denuncia y, para justificar sus argumentos, aportó un informe del arquitecto de la Diputación. Además, esa edificación se desarrollaba en un suelo urbano, sobre el que el Consistorio es la administración competente.

El informe de ese funcionario público, emitido por el alcalde, tiene "una primera presunción de veracidad", destacó el consejero, quien agregó que "no cabe la capacidad adivinatoria de ver que estamos ante un certificado falso". Si ese documento no fuera cierto, "estaríamos ante un delito de falsedad documental" por parte de esa persona.

Aunque se tratara de un suelo urbano, de competencia "plenamente municipal", reconoció que "si la Junta hubiera tenido elementos e informes que hubiesen avalado que se había tomado una decisión contraria a derecho, la Delegación Provincial de Obras Públicas habría impugnado esa decisión en la vía contencioso-administrativa, y si hubiera tenido indicios de un posible delito, la habría remitido a Fiscalía", como se ha hecho en otros casos.

Espadas defendió que una de sus prioridades desde el inicio de la legislatura es la ordenación territorial y, por ello, dijo que se está desarrollando un trabajo en base a una metodología, que, pese a casos como el de Alcaucín, ratificó "punto por punto".

Así, destacó la creación de la Dirección General de Inspección Urbanística en 2006, que ha permitido contar con "un instrumento potente", en referencia al Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, aprobado a finales de 2008. Se contemplan 25 inspectores, que apoyan a los que físicamente están en las distintas zonas de la Comunidad y a los que se sumarán 11 próximamente.

INSPECCIÓN

Por ello, Espadas dijo que la Junta no se plantea reforzar las funciones de inspección debido a lo sucedido en Alcaucín, puesto que ya se cuenta con "un plan perfectamente diseñado", que comenzó en 2002 con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y se tradujo, posteriormente, en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y los planeamientos subregionales, así como en la creación en 2006 de la Dirección General de Inspección Urbanística, que ha conllevado que desde finales de 2007 "se han frenado radicalmente los crecimientos desordenados", como refleja el menor número de denuncias por edificaciones ilegales.

Precisamente, resaltó que este trabajo de la Junta de Andalucía se pretende desarrollar "en cooperación" con las administraciones locales y "en coordinación" con la Fiscalía, la judicatura y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por todo ello, concluyó que, como consejero, su propósito es "intentar dar credibilidad y confianza a los ciudadanos y defender la actuación mayoritaria de los responsables al frente de ayuntamientos y consejerías y de los funcionarios". "En ningún caso debemos plantear juicios colectivos que pongan en duda todo el sistema", apostilló.