SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció hoy que su programa de gobierno de cara a las próximas elecciones autonómicas contemplará una reforma "en profundidad" de la administración pública andaluza, que incluirá medidas como una "reducción espectacular" de los altos cargos de la Junta y la mejora de las condiciones retributivas, laborales y sociales de los funcionarios andaluces, que "cobran menos" en que otras comunidades autónomas.
Arenas informó en rueda de prensa de que ya está trabajando en la elaboración de su programa alternativo de gobierno de cara a las elecciones andaluzas, previstas en 2008, que será "netamente reformista y muy ambicioso para Andalucía", todo "lo contrario a la resignación y a las políticas conservadoras". Además, apuntó que será un programa progresista en el sentido de reformista, nada que ver con el "progre conservador" que en este momento gobierna en la Junta.
Ese programa, además de una reforma fiscal (que supondrá reducción de impuestos), contemplará, según explicó, una reforma en profundidad de la administración pública andaluza para eliminar "duplicidades en funciones y tareas" porque cada administración, la local, autonómica y estatal, tienen distintas competencias, lo que "marea" a los ciudadanos. Es necesario que para ello, según Arenas, se tenga en cuenta el pacto local, que contribuya a aclarar las competencias y financiación de los ayuntamiento y que, a su juicio, debe estar encima de la mesa antes de las elecciones municipales.
Para el dirigente del PP-A, es necesario acometer una "reducción espectacular" de los altos cargos de la Junta, ya que "sobran" muchos de ellos y es necesario mandar un "mensaje de austeridad" desde la administración autonómica a los ciudadanos. Anunció que el PP también esta trabajando en una ley para establecer que los directores generales de la Junta tengan la condición de funcionarios públicos, lo que contribuye, a su juicio, a "eliminar la discrecionalidad" y a que cuando haya alternancia en el Gobierno autonómico "se note menos", con un nivel de personal que no pertenece a ningún partido ni ideología.
Asimismo, el presidente del PP-A manifestó que le preocupa la "gran disfunción" entre el sueldo de los empleados del Estado y de las administraciones autonómicas y el hecho de que entre funcionarios dependientes de comunidades existan diferencias de hasta 800 euros, situándose los andaluces entre los que menos cobran.
Arenas señaló que es necesaria una homologación de los sueldos de los funcionarios en todas comunidades, ya que los hay, en el caso del Grupo A, que cobran más de 39.000 euros anuales en una comunidad y 28.000 en otra, mientras que en Andalucía se sitúan en los 31.824 euros, según datos de los sindicatos.
"DIGNIFICAR" AL EMPLEADO PÚBLICO
El PP defenderá una moción en el Pleno del Parlamento de la próxima semana sobre política general en materia de función pública donde se insta a la Junta, entre otras cuestiones, a la mejora de las condiciones retributivas, laborales y sociales de todos los trabajadores de la administración autonómica, como la fijación de un trienio único para todos los funcionarios, la homologación retributiva con otras administraciones autonómicas o la reforma del actual sistema retributivo suprimiendo la discrecionalidad de las cuantías.
De igual manera, según explicó Arenas, en la moción se demandan a la Junta medidas para "dignificar" la figura del empleado público reduciendo las tasas de temporalidad para lograr una administración accesible, garante, eficaz y eficiente para el ciudadano.
El PP también demandará un "verdadero" programa de conciliación de la vida familiar y laboral, que pase por la "implantación plena e inmediata del prometido Plan Concilia", reducción de jornada por cuidado de hijos menores hasta 12 años o la creación en centros de trabajo de guarderías de empresa y áreas de descanso y comedor.
Otras demandas recogidas en la iniciativa popular hacen referencia a la mejora de las medidas que favorezcan la salud y seguridad laboral de los trabajadores de la administración andaluza; la implantación de las nuevas tecnologías en la función pública, ya que a través de ellas debe permitirse la conexión diaria de los ciudadanos con su administración, y que se garantice el acceso al empleo de las administraciones públicas de los discapacitados para lograr "la dignidad y el derecho a la igualdad de la población andaluza con discapacidad".
Arenas abogó también por unificar en una una norma la actual Ley del Gobierno y la que se está tramitando en el Parlamento sobre la administración pública andaluza, a la que el PP planteó en su día una enmienda a la totalidad.
