Pide al Comité de Ministros del Consejo de Europa que declare el 18 de julio de 2006 como "día oficial de condena de la dictadura"
PARIS/MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Comité de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) aprobó hoy por unanimidad en París una propuesta de condena internacional de las "graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista, entre 1939 y 1975".
El texto, elaborado por el socialista maltés Leo Brincat, pide al Comité de Ministros de esta misma institución que ratifique el texto y asuma la condena "a nivel internacional". Otra de las propuestas es que se decrete el 18 de julio de 2006 como "día oficial de condena de la dictadura franquista". Fuentes del Consejo de Europa indicaron a Europa Press que no hay una fecha definida para que el Comité de Ministros vote la proposición, pero que podría tener lugar "antes de la sesión plenaria de junio".
La recomendación adoptada anima a las autoridades locales "a erigir monumentos en memoria de las víctimas del régimen franquista en la capital española y en otras grandes ciudades del país" y señala que "las iniciativas destinadas a retirar los símbolos de la dictadura de los lugares públicos (...) han sido coronadas con éxito".
El Comité propone al Gobierno español que ponga en marcha "una comisión nacional de investigación sobre las violaciones de Derechos Humanos cometidas bajo el régimen franquista" para conseguir establecer "la verdad sobre la represión". Brincat insta al Ejecutivo a presentar el informe, con posterioridad, al Consejo de Europa.
Asimismo, el texto aprobado hoy por el Comité, que actúa legislativamente en nombre de la Asamblea entre las sesiones plenarias, recomienda que se instale "una exposición permanente en la basílica subterránea del Valle de los Caídos, en la provincia de Madrid --donde el general Franco está enterrado--", y que explique "que fue construida por prisioneros republicanos".
La propuesta afirma que el debate público sobre los crímenes del franquismo comenzó en los años ochenta, pero "se ha intensificado de hecho con la administración actual" en un intento por "establecer un inventario completo sobre los crímenes de la dictadura de Franco".
En este sentido, insta también a que se ponga "a disposición de todos los historiadores e investigadores el conjunto de los archivos sobre el régimen franquista que puedan contener documentos que permitan establecer la verdad sobre la represión".
"La Asamblea espera que el debate actualmente en curso en España conduzca a un examen y evaluación completa y profunda de las acciones y los crímenes del régimen franquista", señala el texto, que asegura que "el conocimiento de la historia es una de las condiciones para evitar que se repitan los mismos errores del pasado".
"La violación de los Derechos Humanos no es un asunto interno que afecte a un solo país", según el proyecto de recomendación, que insta al Consejo de Europa a propiciar "un debate serio sobre este asunto a nivel internacional".
NÚMERO DE VÍCTIMAS
El extenso informe adjunto elaborado por Brincat, que sirvió de base a la recomendación aprobada unánimemente por el Comité, denuncia que Franco llevó a cabo "una política de represión contra cualquier individuo suceptible, según él, de constituir una amenaza para el nuevo régimen". Como consecuencia de ello, "miles de republicanos fueron ejecutados sumariamente o enviados a prisiones, y otros muchos fueron sometidos a diversas formas de sanciones políticas o económicas".
"Franco no sólo ejerció represalias muy duras contra sus oponentes, sino que también creó un sistema político que negaba a la mayoría de los españoles el ejercicio de las libertades y derechos individuales", añade.
El informe reconoce que el número total de víctimas sigue siendo controvertido. "En los inicios de la guerra, más de 50.000 personas se encontraron en el 'lado malo' de la línea de frente y fueron asesinados o ejecutados sumariamente", señala. "Las cifras son probablemente comparables en las dos líneas de frente", añade.
"Inmediatamente después del final de los combates militares, el régimen franquista impuso la ley marcial en toda España", mediante un "sistema de justicia militar expeditiva para juzgar a sus 'oponentes', término que abarcaba a cualquier persona que hubiera servido voluntariametne en el Ejército republicano o que hubiera expresado su apoyo a la República".
El texto afirma que en los años cuarenta, los presos políticos fueron "extremadamente numerosos en España" y asegura que las propias cifras oficiales del régimen ("que los historiadores consideran por lo general infravaloradas") hablan de 300.000 presos para una población de 25,9 millones de habitantes. En 1940, "la tasa de encarcelamiento en España era casi tan elevada como la de la Alemania nazi", asegura el informe.
El informe habla también sobre los "campos de concentración y batallones de trabajo forzado", en los que "miles de personas, incluidos mujeres y niños, fueron 'reeducados'", y cita un informe de 1953 de la Comisión Internacional contra el Régimen de Concentración en el que, tras una visita a España, denuncia "malos tratos físicos y psicológicos" contra los presos.
