Así controlan las cárceles españolas a los presos islamistas

Algunos de los presos yihadistas detenidos en España
Foto: INTERIOR/EUROPA PRESS
  
Actualizado: domingo, 3 mayo 2015 10:18

Cada cárcel elabora un informe semanal sobre los presos sospechosos, sometidos a numerosas medidas de seguridad, incrementadas el último año

   MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

   Separación en distintos módulos, control de sus relaciones personales en el exterior, incautación de obras de autores radicales o hasta el control de sus cuentas de peculio en busca de movimientos sospechosos de dinero. Estas y otras medidas se recogen en las distintas iniciativas elaboradas por Instituciones Penitenciarias recogidas por Europa Press mediante las cuales las autoridades españolas han intensificado en los últimos meses el control de los presos islamistas en prisión. El objetivo es evitar que las cárceles se conviertan en un foco de radicalización o reclutamiento.

   "Se trata de recoger, analizar y sistematizar un conjunto de datos y variables relevantes para detectar y acotar procesos incipientes o consolidados de radicalización", explica el 'Programa de Intervención con los Internos Islamistas en los Centros Penitenciarios', uno de los documentos sobre los que pivota esta estrategia centrada en los presos que "responden a planteamientos organizados, extremistas y violentos o pretenden utilizar el medio penitenciario para reclutar adeptos a su ideología radical".

   "Pretendemos limitar la incidencia de este fenómeno terrorista en el interior de los establecimientos penitenciarios", expone este programa con el que Prisiones lleva meses trabajando y en el que se admite que es un "fenómeno que genera una creciente preocupación". Por ello se introducen medidas concretas de actuación.

COMUNICACIONES Y VISITAS

   Se establece que "especialmente hay que examinar las eventuales relaciones de algunos de los terroristas ingresados en prisión con personas con detenciones anteriores, con independencia de que hayan sido condenadas por terrorismo o por otros delitos". "Por tanto, hay que observar las comunicaciones y visitas con estas personas, las relaciones establecidas entre ellos o con terceros y las relaciones con otras formas de delincuencia organizada o terrorista", precisa.

Operación policial contra una célula yihadista

   El programa indica que "hay que estudiar las actitudes y comportamientos indiciarios de prácticas constitutivas de riesgo que no pueden ni deben pasar desapercibidos para la Administración Penitenciaria". Este plan otorga a los subdirectores de Seguridad de cada cárcel la función de coordinar toda la información que se recibe sobre los presos afectados y elaborar un informe cada semana "con las propuestas que consideren relevantes".

   "Constatado con un razonable nivel de certeza que estamos en presencia de un recluso con una peligrosidad elevada, no resultará prudente su ubicación en módulos de respeto (donde los presos gozan de mayores cotas de libertad dentro de prisión) ni la autorización para el acceso a talleres y actividades fuera del departamento", prosigue el texto.

SEPARACIÓN MÁS QUE DISPERSIÓN

   Esta semana el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha participado en Francia en los Encuentros Internacionales de Magistrados Antiterroristas. Allí ha afirmado que España apuesta por una política de dispersión de presos yihadistas en la línea de la que desde hace décadas se aplica con los internos de ETA.

   Fuentes penitenciarias consultadas por Europa Press matizan que la práctica habitual con los reclusos yihadistas no consiste tanto en disgregarles en distintas cárceles del territorio español como se hace con los etarras, sino en evitar que mantengan relación con perfiles semejantes. Para ello, según dicen, lo más común es separarles pero en diferentes módulos de la misma presión.

   Otro punto clave es el control de las comunicaciones de "cara a prevenir eventuales incidentes y constatar los indicios de radicalización" y se extrema "un especial cuidado en el control y evolución de los de los procedimientos de expulsión de los presos incluidos en el Programa, de forma que no se frustre su finalidad por decisiones de la Administración Penitenciaria".

REGISTROS O CACHEOS

   Por otro lado, se hace hincapié en "el necesario conocimiento y reseña de textos, grabaciones u otros sistemas de almacenamiento de audio o video que pudieran contener reflexiones o discursos de autores radicales". "No se autorizará la tenencia de estos materiales por favorecer el reclutamiento o la radicalización, procediendo también a la intervención de los mismos cuando se detecten en los registros o cacheos", zanja.

Otros reclusos islamistas

   Este programa, aprobado el pasado julio, se apoya inevitablemente en las medidas de seguridad que se aplican a los presos incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) que cuenta con un apartado especial para presos islamistas. Se trata de una base de datos que fue creada por la necesidad de disponer de una amplia información sobre determinados grupos de internos de alta peligrosidad.

   "En los últimos años se ha producido un incremento del número de internos ingresados por actividades terroristas en nuestros establecimientos, con especial relevancia y significación en el supuesto del denominado terrorismo yihadista", dice.

CATEGORÍAS FIES

   En ese sentido, "es particularmente preocupante el fenómeno de la captación y proselitismo de eventuales terroristas en el interior de los centros", advierte la regulación del FIES. La idea es "hacer frente a estos riesgos y amenazas a la seguridad" aumentando el control de algunos presos mediante la "observación, conocimiento e información por parte de los funcionarios". Se hace por tanto un "seguimiento individualizado y específico" sobre estos presos por parte de "especialistas".

   El FIES incluye varias categorías: los presos de control directo (especialmente conflictivos y que habitualmente alteran la convivencia), los presos de bandas de crimen organizado, los condenados por terrorismo, los presos que han sido miembros de las fuerzas de seguridad o funcionarios de prisiones y los presos de "características especiales". En este último apartado se incluye a "internos que sin estar condenados por terrorismo islamista, destaquen por su fanatismo radical, por su afinidad al ideario terrorista y por liderar o integrar grupos de presión o captación en el centro penitenciario".

   En ese fichero se almacena información que va desde "fotografías", "comunicaciones con el exterior" o "datos procedentes de otras fuentes". Además, sobre los presos terroristas "deberá mantenerse una permanente observación y control" sobre sus "relaciones con los funcionarios y con otros internos", "rol desempeñado y capacidad de liderazgo en los grupos organizados o espontáneos que se crean en los centros", así como "relaciones y posible vinculación con otros grupos del Centro".

CUENTAS DE PECULIO

   En cuanto al "control sobre el movimiento de sus cuentas de peculio", se pide indagar sobre "el origen de aportaciones cuando resulten llamativas, así como las extracciones para otros internos, ex internos o personas vinculadas con estos".

   El pasado mes de febrero, cuando sólo habían pasado unas semanas del atentado contra Charlie Hebdo, Instituciones Penitenciarias aprobó una nueva Instrucción interna mediante la cual ordenaba ampliar la vigilancia de los presos islamistas aumentando el número de reclusos a los que se dará este tratamiento de presos FIES en el colectivo "características especiales".

   Existen tres categorías para clasificar a los presos islamistas: A (altamente radicalizados), B (medianamente radicalizados) y C (suspectibles de radicalización). Los del A y B ya recibían el tratamiento de presos FIES, pero se excluía "de forma expresa" a los del grupo C. La novedad ahora es que Prisiones decidió incluirles también. "Convergen en la actualidad circunstancias para modificar la categorización del Grupo C", indicaba la instrucción en la que se hacía referencia al "Plan estratégico nacional de la lucha contra la radicalización violenta" aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de enero.

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