MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Senado ha aprobado de manera definitiva este jueves el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la reforma de la ley del Poder Judicial que permitirá el aforamiento del rey Juan Carlos I y parte de la Familia Real, para que sólo puedan ser enjuiciados por el Tribunal Supremo (TS), y que ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia.
Tras la aprobación de esta reforma pasa a tener la condición de aforados los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía, la Reina Letizia, y la Princesa de Asturias.
En total, en España hay unos 10.000 aforados, de los cuales 2.000 corresponden a políticos, según el 'Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales', redactado por los catedráticos Juan Luis Gómez Colomer e Iñaki Esparza Leibar.
Un aforado es una persona que, por ejercer un cargo público o por su profesión, goza del derecho, en caso de ser imputado por un delito, de ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal.
Son aforados el presidente del Gobierno y los ministros, que serán juzgados por el Tribunal Supremo; los presidentes autonómicos y los consejeros de los ejecutivos de la Comunidades Autónomas, que tienen que ser juzgados por el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, en función de lo que determinen sus Estatutos de Autonomía.
También en el ámbito político son aforados los presidentes del Congreso y del Senado, los diputados y senadores, los presidentes de los parlamentos autonómicos y sus parlamentarios. Asimismo, tienen condición de aforados el presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y consejeros del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.
Por su parte, en el ámbito judicial son aforados altos cargos como el presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que responderán , en caso de delito, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como todos los jueces, magistrados y fiscales, cuyos procesos penales corresponden a los Tribunales Superiores de Justicia.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una condición especial de aforamiento, que implica que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
