MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Asociación Francisco Vitoria, José Luis González Armengol, ha manifestado este lunes con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales, que es "bastante probable" que las asociaciones y colectivos del sector vayan a la huelga el próximo mes de enero si así lo valoran.
En declaraciones a Europa Press Televisión, González Armengol ha manifestado que puede que se cumpla lo establecido en la hoja de ruta, después de que el colectivo dedicado a Justicia mostrara su rechazo por la ley que ha sido publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
"(Hacemos) una valoración negativa; con el concepto 'tasas' estamos de acuerdo pero en desacuerdo con las cuantías, que tendrían que asemejarse a las cantidades existentes en otros países europeos como Francia, donde no pasan de los 30 euros", ha explicado Armengol, que prevé que esto suponga un "gravísimo problema para los ciudadanos" de índole económico.
El también juez decano de Madrid reconoce que los magistrados tienen en la actualidad una "carga de trabajo importante" pero se muestra contrario a que la reducción del litigio se haga "en contra del ciudadano". "Las tasas, por cuantía, pueden ser inconstitucionales y atender a principios comunitarios", ha aseverado.
"ES UN PARCHE"
La nueva norma, que contempla incrementos de entre 50 y 70 euros en las tasas y supone que por primera vez el ciudadano tenga que afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa, es a su juicio "un parche" que no resuelve los problemas de fondo de la Justicia, y que sólo responde a motivos económicos.
"La modernización supone una apuesta importante por nuevas tecnologías, que es algo fundamental, incrementar la ratio de juez por población, agilización de los procedimientos y limitación de aquellos asuntos que son banales desjudicializando determinadas materias y sancionando, por vía de multa, la temeridad en los litigios", ha agregado González Armengol.
La norma, tramitada con el carácter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado. Las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros.