Hace público un informe crítico con la propuesta de Gallardón en la que se pide la supresión de varios artículos
MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La asociación mayoritaria de jueces, la Profesional de la Magistratura (APM), ha hecho público este jueves su informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) presentada por el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón en la que, además de criticar que la norma pretenda limitar su libertad de expresión, reclaman la supresión de varios artículos y la adopción de garantías para sus "derechos económicos adquiridos".
El informe, de 124 páginas, comienza señalando que el Anteproyecto, pendiente aún de la presentación de los informes consultivos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, es de "enorme relevancia" para el futuro de la organización y la estructura judicial en cuanto implanta un nuevo modelo.
Entre los artículos a suprimir, los jueces 'conservadores' incluyen el referido a la limitación de la libertad de expresión de los jueces y las asociaciones judiciales. "Los excesos que pudieran cometerse han de encontrar acomodo en los tipos disciplinarios pero nunca justifican la genérica prohibición que contiene la norma proyectada", arguyen.
JURISPRUDENCIA VINCULANTE DEL TS
Critican igualmente por no estar "bien resuelta" la prevista doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Supremo y llegan a calificar de "inconstitucional" el planteamiento de la cuestión jurisprudencial previa .
Respecto de la primera, la rechazan porque ha aparecido de manera "abrupta" en el Anteproyecto "sin consideración a la comunidad científica y jurídica para intentar un mínimo consenso". No comparten que la jurisprudencia se escinda en niveles ni que su alcance sea el "resultado de una manifestación de voluntad selectiva del Tribunal Supremo, algo impropio del papel constitucional que tiene atribuido este tribunal".
La APM propone mejoras en el régimen disciplinario planteado en el Anteproyecto, la promoción de la especialización y la inclusión en la norma de una claúsula " que reconozca que los derechos económicos adquiridos por los jueces constituyen un derecho irrenunciable que no puede verse perjudicado por la nueva estructura judicial."
También plantean como un problema que esta Ley no se presente de forma simultánea a la de Demarcación y Planta, "lo que impide tener un conocimiento suficiente de los efectos y problemas que el nuevo sistema de organización judicial puede ocasionar" en lo que se refiere a la implantación de los tribunales provinciales de instancia, que no serán operativos hasta la promulgación de la segunda de las normas mencionadas.
ELIMINAR ACCIÓN POPULAR CONTRA JUECES
Entre los artículos a eliminar, destacan el que regula que el procedimiento de responsabilidad de los jueces puede instarse mediante el ejercicio de la acción popular.
Igualmente proponen modificar la mención que prohíbe al Tribunal Supremo enjuiciar las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) porque, "tal y como esta redactada, puede suponer que los magistrados del TC son irresponsables en relación con las resoluciones que dicten", sin tener en cuenta que el Supremo es el competente en el caso de que los magistrados del tribunal de garantías incurran en prevaricación.
Respecto al CGPJ, piden que se reponga la dedicación exclusiva de todos los vocales "que, lógicamente, deberá ir unida a una exigencia de responsabilidad por la gestión", y que los miembros de este órgano se elijan por los propios jueces y magistrados.
