BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Barcelona juzgará desde hoy al empresario catalán Javier de la Rosa, por la descapitalización de la compañía Gran Tibidabo, supuestamente en beneficio propio y de terceros. Se sentarán en el banquillo otras siete personas por la descapitalización, cifrada en unos 60 millones de euros.
La cita se produce 13 años después de la presentación de la querella, la primera iniciativa de la Fiscalía que supuso la detención y el ingreso en prisión preventiva del financiero, y prácticamente la última en revisarse ante los tribunales.
Además de él, están acusados el conocido empresario y ex diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal; Joan Cruells, ex consejero delegado del Consorcio Nacional del Leasing (CNL); Florencio Cerdá, ex presidente del consejo de administración de CNL; Arturo Piñana, ex representante de la firma Quail; Carolina Malagelada, ex administradora de la sociedad Pinyer; Ramón Fiter, representante de la empresa Fitinvest, y Mercedes Misol, esposa de De la Rosa y a quien la Fiscalía no acusa.
El Ministerio Fiscal pide 13 años de cárcel y una multa de 3,3 millones de euros para De la Rosa, entonces presidente de Gran Tibidabo, por la desaparición de fondos de la compañía entre 1991 y 1993 mediante contratos, facturas falsas y otros artificios financieros. Ello se traduce en dos delitos de apropiación indebida, uno de ellos continuado, y otro contra la Hacienda Pública, ya que también pudo haber defraudado 1,6 millones de euros al fisco.
Por estos mismos delitos, Joan Cruells afronta diez años de cárcel y una multa de 3,3 millones de euros, mientras que la Fiscalía pide para Florencio Cerdá siete años de prisión y una multa de 1,6 millones.
Por apropiación indebida, la acusación pública reclama cuatro años de cárcel para Manuel Prado y Colón de Carvajal, Carolina Malagelada y Ramón Fiter, respectivamente. Para Arturo Piñana solicita seis años de prisión y una multa de 1,6 millones de euros, al considerarle además responsable de fraude fiscal.
VARIOS MESES DE JUICIO
La Audiencia de Barcelona ha calculado que las sesiones del juicio se alargarán hasta finales de abril. Las primeras jornadas se dedicarán a las abundantes cuestiones previas que plantearán las partes, y está previsto que los acusados, comenzando por De la Rosa, declaren desde el 8 de enero.
Entre febrero y marzo declararán los testigos aportados por las partes, entre los cuales están los abogados Juan José Folchi y Juan Piqué Vidal, el ex jefe de la inspección de Hacienda en Catalunya Josep Maria Huguet, el ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta, el ex candidato de AP a presidir la Generalitat Eduardo Bueno, y Juan Antonio Samaranch Salisachs.
CASO INICIADO EN 1994
El caso Gran Tibidabo se inició en octubre de 1994, cuando el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Carlos Jiménez Villarejo, denunció la descapitalización de la sociedad --surgida en 1992 de la fusión entre el CNL y Tibidabo S.A.-- mediante operaciones financieras que abarcaban desde la compra de acciones hasta el pago de créditos y la adquisición de bienes inmuebles.
Para la Fiscalía, la gestión de De la Rosa al frente de Gran Tibidabo "estuvo encaminada a descapitalizarla en beneficio propio y en beneficio de terceros con quienes tenía concertadas relaciones de interés al margen de la compañía", contando con la colaboración "permanente" de Joan Cruells y Florencio Cerdá dentro de la sociedad y la de Arturo Piñana desde la dirección de sociedades instrumentales que eran propiedad exclusiva del empresario catalán.
Así, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, cuando De la Rosa accedió al control efectivo de Gran Tibidabo, "dispuso un complejo sistema tendente al aprovechamiento discrecional de los bienes de la compañía en beneficio particular y en perjuicio de los numerosos socios y obligacionistas de ésta".
ÁNIMO "DEPREDADOR"
A lo largo de los 13 años transcurridos a la espera de juicio, la causa --que ocupa cerca de 90 tomos de más de 300 páginas cada uno-- se ha mantenido paralizada durante meses por cuestiones formales, que han obligado a revisarla en varias ocasiones, y por el fallecimiento de algunos de los más de 10.000 accionistas de Gran Tibidabo, que han dejado la reclamación en manos de sus herederos.
De la Rosa, de quien la Fiscalía destaca su "ánimo depredador" y su "vocación de superchería", acumula ya varias condenas que le han llevado a ingresar en la cárcel; la principal de ellas, por el desvío de más de 375 millones de euros de la sociedad kuwaití KIO y de su filial en España, el grupo Torras, que le supuso cinco años y dos meses de prisión.
En junio, evitó la celebración del juicio que tenía pendiente en la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona al aceptar un año de cárcel y una multa de 3.600 euros por estafar al empresario Lorenzo Rosal, a quien utilizó como avalista en 1995 para conseguir un préstamo de 1,8 millones de euros que no devolvió.
