Audiencia de Madrid acepta un informe sobre la legalidad de las escuchas de Sitel en un juicio a una banda organizada

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha aceptado como prueba en un juicio contra una banda dedicada a asaltar a traficantes de droga la realización de un informe sobre la legalidad del uso en la vista oral de datos obtenidos a través de las escuchas telefónicas de la aplicación del Ministerio del Interior del Sistema Integrado de Interceptación Telefónica (SITEL).

Los abogados defensores han puesto en duda en la fase de cuestiones previas esta aplicación informática del Gobierno central, que fue avalada en una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2009.

El Alto Tribunal consideró "preferible a los modos de intervención anteriores a su implantación". Además, la Agencia de Protección de Datos también ha avalado tanto su uso como la legislación que lo regula.

La Sección Primera tenía previsto la celebración de este juicio, pero al aceptar esta prueba se ha visto obligada a suspender la vista oral hasta su práctica. De los nueve procesados, ocho cumplen prisión preventiva por delitos de robos violentos contra grupos dedicados al tráfico de estupefacientes, detenciones ilegales, extorsión y tenencia de armas.

Al inicio de la vista oral, el abogado de uno de los acusados ha solicitado la suspensión de la vista hasta la práctica de un informe pericial por parte de expertos de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. La prueba estaría encaminada a dilucidar a qué datos se pueden acceder para su uso en la prueba pericial de la vista oral relativa al contenido de los CD que contiene las intervenciones telefónicas a los procesados.

El letrado ha recalcado que se trata de averiguar "los puntos oscuros" de esta aplicación informativa conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder judicial que establece que "no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales" en relación al uso de Sintel.

La representante del Ministerio Fiscal se ha opuesto a la prueba y ha manifestado que, si se aceptaba, se empleasen peritos oficiales del departamento de Sitel del Ministerio del Interior para garantizar la práctica de la prueba.

PRÓRROGA DE PRISIÓN

Después de que el tribunal aceptara la realización de este informe, la Sala ha celebrado una comparecencia de prórroga de prisión, puesto que ésta vence el próximo 31 de marzo. Así, la fiscal ha solicitado que se les amplíe su situación procesal ante el riesgo de fuga de los procesados, a lo que se han opuesto sus defensas.

Los acusados se enfrentan a una petición fiscal que suma 193 años de prisión por integrar una banda dedicada a la comisión de diversos ilícitos penales, entre ellos robos violentos contra grupos dedicados al tráfico de estupefacientes, detenciones ilegales, extorsión y tenencia de armas.

Los procesados, entre ellos españoles, colombianos y búlgaros, se sentarán a partir de hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal solicita penas de entre 13 y 32 años de cárcel por delitos de asociación ilícita, delitos contra la salud pública, robo con violencia, detención ilegal y tenencia de armas.

La Audiencia juzga a Juan Antonio S.S., alias 'Jhonny'; a Antonio T.P., alias 'Tony'; Julio G.A., alias Julio; Alen G.B., alias 'lengua de trapo'; Luz E.L., alias 'Edi'; Luz Stella D.G., alias 'Estela'; José Alirio D.G., alias 'Alirio'; Nancy G.P.; y Gedeon D.B.

En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal relata que cinco de los procesados integraban desde hace varios años "una organización delictiva estructurada y jerarquizada dedicada a la comisión de diversos ilícitos penales", tales como robos violentos contra otros grupos dedicados al tráfico de estupefacientes, detenciones ilegales, extorsión y tenencia de armas, entre otros delitos.

En abril de 2005, Jhonny y Tony constituyeron una empresa ficticia de seguridad para que sirviera de 'pantalla' y 'tapadera' para ocultar su verdadera actividad. Según el fiscal, ésta consistía en investigar a grupos de delincuentes para posteriormente sustraerles la droga o el dinero procedente de su venta.

Para la realización de sus actividades, los procesados planificaban minuciosamente sus acciones, teniendo lugares fijos de reunión en el domicilio de Jhonny y en el bar Dormund, ubicado en la calle General Ricardos de la capital. Los acusados tenían perfectamente estructurada la distribución de las diferentes tareas a realizar por cada uno de ellos.