La Audiencia de Madrid comienza mañana el juicio contra los responsables del proyecto de Yesa

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid comenzará mañana el juicio contra los responsables del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, ubicado entre las comunidades de Navarra y Aragón, por irregularidades en su tramitación y en la adjudicación de las obras. La Fiscalía Anticorrupción reclama para los acusados, entre ellos dos altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno del PP, una petición de pena de un año de prisión por el delito de riesgo catastrófico y 20 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa. Además, por el primer delito reclama otros cuatro años de inhabilitación.

Los hechos se investigaron a raíz de una querella del Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza), interpuesta en abril del 2000, en la que se describían supuestas ilegalidades en los trámites y ejecución de este embalse del río Aragón, cuyo Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada un año anterior. En el banquillo de los acusados se sentarán José Luis Uceda y Angel Núñez Maestro de Caminos, funcionarios del Estado destinados en la Confederación Hidrográfica del Ebro; Tomás Sancho Marco, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro; Carlos Escartin, director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente en la primera legislatura de José María Aznar y Mª Dolores Carrillo Dorado, directora general de Evaluación Ambiental.

En concreto, el fiscal de Medio Ambiente Emilio Valerio impone a los acusados dos delitos de prevaricación, por los que solicita un total de 20 años de inhabilitación especial. Por el delito de riesgo catastrófico pide un año de prisión, una multa de 2.400 euros e inhabilitación por otros 4 años. El fiscal pide por el delito de tráfico de influencias una multa de 5.400 euros e inhabilitación especial por plazo de 2 años.

El escrito de calificación sitúa los hechos en el Proyecto de Recrecimiento del embalse de Yesa, ubicado entre las comunidades de Navarra y Aragón. En abril de 1994, los imputados Uceda y Núñez, responsables de la tramitación, no incluyeron en el Proyecto un informe de seguridad del Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses, que advertía de los riesgos sísmicos y geológicos del Proyecto. Tampoco fue incorporado en el trámite de información pública, en el que una gran mayoría de alegantes señalaban la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa de Regadíos. Según el fiscal, Uceda y Núñez remitieron el proyecto a la autoridad ambiental sin la emisión del informe específico.

RIESGOS SÍSMICOS Y ESTRUCTURALES

A continuación, los mencionados ingenieros procedieron a tramitar la Declaración de Impacto Ambiental, resolución de la autoridad ambiental que determina afirmativa o negativamente la realización del Proyecto. El Director General de Política Ambiental desautorizó la continuación del Proyecto por "carecer de justificación a sus usos, presentar riesgos sísmicos y estructurales, afectar al Patrimonio Histórico y no adecuarse al Plan Nacional de Regadíos". El entonces Director General de Obras Hidráulicas Carlos Escartín asumió la tarea de elaborar el nuevo Estudio de Impacto y anunció un concurso de asistencia técnica para su redacción, fijando el plazo para su realización en doce meses.

Pese a la situación legal del Proyecto, Uceda y Núñez, Carlos Escartín y Tomás Sancho decidieron continuar con la tramitación y procedieron a realizar un conjunto de informes y trabajos, mediante Contratos de Asistencia Técnica. Según el fiscal, los imputados citados consiguen así de la directora de Evaluación de Impacto Ambiental la simulación de la autorización ambiental necesaria para la puesta en marcha del Proyecto.

Con la autorización, Uceda y Núñez, con la conformidad de Sancho, proponen a Escartín para dictar un conjunto de resoluciones para la adjudicación de concursos e iniciar el expediente de contratación por el sistema de Concurso de Proyecto y Obra, por un importe de 23.000 millones de pesetas. Con el objeto de asegurar a la empresa ACS la adjudicación de la obra, Escartín manipuló el Informe Técnico realizado por los autores del proyecto respecto a la valoración comparativa de las distintas ofertas. Así, la licitadora propuesta es la U.T.E, compuesta por ACS, FCC y Ferrovial. Inmediatamente, Escartín se incorporó a la empresa adjudicataria ACS como Director de Contratación II.

Según el escrito, Dolores Carrillo, entre junio de 1998 y marzo de 1999, mantuvo numerosas reuniones con Escartín y Sancho, quienes "le presionan para que apruebe rápidamente y sin restricciones el proyecto, desatendiendo tanto lo que resultaba del expediente de impacto ambiental como los propios actos administrativos de la Dirección General de Obras Hidráulicas por los que han convocado el concurso para la redacción del nuevo estudio. A partir de junio de 1998 todo valia para los intereses de los acusados". Así, el propio Sancho aporta a la directora general de Evaluación del Impacto un remedo de informe, en el que se destaca "la necesidad del recrecimiento de Yesa para la satisfacción urgente de los requerimientos de agua para los regantes".