La Audiencia de Madrid juzgará el martes a los policías que arrestaron a militantes del PP por la agresión a Bono

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid comenzará a juzgar el próximo martes a tres policías que participaron en la detención de dos militantes del PP para ser interrogados en relación con los empujones y actitudes agresivas sufridas por el entonces ministro de Defensa, José Bono, durante la manifestación de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), celebrada el 22 de enero de 2005.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no acusa a ninguno de los agentes intervinientes, porque "los hechos no son constitutivos de delito alguno". Sin embargo, la acusación que ejerce el PP, en nombre de los militantes arrestados, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, y del secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados, solicita 10 años de cárcel menos un día para el comisario imputado por detención ilegal, falsedad en documento público y coacciones.

Además, pide que el comisario sea inhabilitado durante 11 años. Los dos otros policias que participaron en las actuaciones se enfrentan por parte del PP, uno a 8 años menos un día de cárcel y otro a 4 años. El primero está acusado de los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público y el segundo sólo por este último ilícito. El PP también solicita que indemnicen a cada uno de los militantes del partido detenidos con 12.000 euros que destinarán a la Asociación Víctimas del Terrorismo.

El escrito del fiscal explica que el 22 de enero de 2005, con motivo de la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo se estableció el correspondiente dispositivo por parte de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura superior de Policía.

Durante la misma, los agentes pudieron observar que Bono y la eurodiputada socialista Rosa Díez "estaban siendo increpados por alguno de sus asistentes, incluso llegando en algunos momentos a ser zarandeados".

Funcionarios de la Brigada Provincial de Información, de la Sección Operativa de Avanzadas y Contravigilancias, de la Primera Unidad de Intervención Policial, de la Unidad de Protección y de la Unidad Central de Escoltas, todos ellos del Cuerpo Nacional de Policía, manifestaron que "escucharon insultos hacia el ministro y observaron empujones y zarandeos contra el círculo de seguridad, así como gestos y actitudes agresivas hacia las personalidades que protegían por parte de un grupo de personas que se encontraban junto a ellos".

Además, el fiscal recuerda que "el ministro manifestó públicamente que había sido objeto de una agresión y en las imágenes de la manifestación ofrecidas por varios medios de comunicación se pudo observar a un grupo numeroso de personas" rodeándole e increpándole. "A escasos metros aparecían Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, participando en la situación reseñada". El primero aparecía alzando un palo que pertenecía a una bandera de España.

El 24 de enero, el secretario general del PP en Las Rozas (Madrid) identificó a Barrios y De la Cruz en las imágenes. El instructor de las actuaciones, el inspector jefe acusado, acordó que "se disponga lo oportuno" para que Barrios y De la Cruz sean trasladados "a las dependencias de la Brigada Provincial de Información con el objeto de ser oídos en declaración y de delimitar su presunta vinculación con los sucesos investigados".

Para evitar cualquier vulneración del derecho de defensa "se consideró que se debía proceder a la lectura de los derechos que les correspondían como detenidos. Dicha condición, que adquirieron al inicio de su declaración en Comisaría, duró el tiempo mínimo imprescindible, que fue el periodo transcurrido durante el desarrollo de la declaración".

BONO NO ANUNCIÓ ASISTENCIA.

Por su parte, el PP, que solicita los testimonios de, entre otros, los militantes detenidos, Bono, el entonces ministro del Interior y actual ministro de Defensa, José Antonio Alonso, y el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, destaca que Bono "no había comunicado su asistencia ni figuraba en la relación que personas que habiendo efectuado aquella comunicación encabezaban" la manifestación "con las medidas de prevención y seguridad que para los cargos y autoridades se habían ordenado".

Añade que, al reconocer a Bono los manifestantes, "se produjeron reacciones en distintas opiniones, favorables y adversas a su presencia, motivadas esencialmente en las actuaciones y declaraciones respecto a la formación política que conforma el Gobierno", explica el escrito del PP.

Ello dio "lugar a discrepancias y descalificaciones, con el consiguiente tumulto y desplazamiento de la multitud que, debido al alto grado de asistencia, se encontraban en aquel lugar, dando lugar a que las cápsulas de seguridad formadas por los escoltas personales de aquellas autoridades y la formada en torno a ésta, decidieron alejarlos". Bono optó por abandonar la manifestación en la calle Virgen de Gracia, mientras que el resto de concentrados continuó.

"NO TENER FUNDAMENTO ABRIR DILIGENCIAS".

Según el PP, el 22 de enero la Brigada de Información no inició la investigación "al no tener fundamento para abrir unas diligencias". El inspector con carné profesional número 56.589 pidió al inspector jefe 16.259 (quien se enfrenta a 8 años de cárcel) que dejara pendiente una nota informativa hasta que él hablara con su jefe, el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información, también imputado y para quien el PP pide 10 años de cárcel.

Por la noche, el inspector jefe imputado llamó al citado inspector y "le dio, expresamente, instrucciones de abrir diligencias policiales". El 24 de enero, mientras en Comisaría se veían las imágenes grabadas por las televisiones, el jefe de sección dijo al comisario jefe: "Jefe, no se ve nada", a lo que éste respondió: "Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado, y eso no se cuestiona".

"Aquellas actuaciones confirmaron, a través de la totalidad de las declaraciones pretadas, que no existía ni un solo dato que permitiera afirmar la existencia de agresión alguna, y por tanto que no se podía atribuir a ninguna persona algún tipo de actuación que pudiera resultar constitutiva de delito", señala el PP.

Sin embargo, funcionarios de la Brigada de Información acudieron a recoger a Barrios y De la Cruz, y el jefe de sección imputado con número de carné 16.259 ordenó al instructor de las diligencias que una vez en comisaría les detuviera y leyera sus derechos. Éste se opuso porque no existía prueba alguna que los inculpara.

Tras negarse también a dejar de ser instructor para ser secretario, el comisario imputado le comunicó que estaba cesado como jefe de grupo. Durante las declaraciones de los militantes del PP, actuó como secretario un inspector especialista del grupo antigrapo, el imputado con número de carné 19.101, quien se enfrenta a una petición de 4 años de cárcel por falsedad en documento oficial. El ex ministro del Interior declaró en el Congreso en febrero de 2005 que los cambios de instructor se justifican por razones de turno.