No ve probado que los agresores actuaran por directrices o en línea con ETA, aunque sí su intención discriminatoria respecto de la Guardia Civil Considera además que "no hay, al menos, prueba de ello, ni de otro extremo que no sea lo que la resolución recurrida describe como una 'descontextualización' entre el ideario inicial y la actuación enjuiciada de los acusados y menos aún resulta probada una vinculación real y verdadera de éstos con aquélla". Se refiere así al hecho de que la agresión "socava" las expectativas de indemnidad de ciertas personas, como "lo haría una amenaza de futuras agresiones, lo que conllevaría que los destinatarios adopten estrategias de autoprotección que recortan su libertad de acción". Por otra parte, descarta los recursos planteados por las defensas en tanto que considera que el proceso ha sido garantista, que no se han vulnerado derechos procesales ni el derecho a la defensa y el tribunal es y ha sido imparcial. Da además credibilidad a los testimonios de las víctimas, en tanto que prueba, "han sido valoradas de forma razonada y razonable" y "están corroboradas" por otro testigo, las manifestaciones de los Policías Forales y los informes médicos que evidencian la existencia de las lesiones, así como los informes periciales.
