Una acusada dice que el PCE también era clandestino hasta que Carrillo lo "traicionó"
MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional dejó hoy visto para sentencia el juicio a 12 acusados de pertenecer al GRAPO, para los que el fiscal Jesús Alonso pide penas de entre 8 y 14 años de prisión. Además, reclamó al tribunal la ilegalización del Partido Comunista de España Reconstituido -PCE(r)-, al que considera el brazo político de la banda terrorista.
En la sesión de hoy terminaron de presentar sus informes algunas de las defensas y dos de los acusados aprovecharon el turno de última palabra para criticar el proceso judicial. En concreto, Aurora Cayetano, integrante del PCE(r) y que se enfrenta a una petición de 8 años de prisión, defendió que no es lo mismo realizar "actividades clandestinas" que "actividades terroristas", y añadió: "El Partido Comunista de España (PCE) también era clandestino hasta que Santiago Carrillo lo traicionó".
Además, aseguró que se les acusa de ser un grupo terrorista por "defender la legitimidad de la lucha armada" sin practicarla. "También defendemos la lucha sindical independiente o los derechos de las mujeres, y no nos acusan de ser un grupo sindical o feminista".
Leoncio Calcerrada, para quien el fiscal pide 10 años y 9 meses de prisión por integración en organización terrorista y falsificación de documentos, aseguró que no ha participado en ningún acto armado, y que su "única relación con una banda armada ha sido con la Guardia Civil".
Así, aseguró que se ha limitado a "hablar con la gente joven y los trabajadores a contarles lo que pasa en las comisarías y los cuarteles". "Hemos caído en la trampa", aseguró, de pensar que había "vías políticas", ya que, según él, para la Justicia "da igual que se hable o se empuñe un arma".
ACUSACIÓN FISCAL
El fiscal ha pedido al tribunal que condene a los doce acusados, detenidos tras la caída de la cúpula de GRAPO en Francia, a penas que suman un total de 116 años. Jesús Merino del Viejo, alias 'Ernesto', 'Lorca' y 'Jordi', es quien se enfrenta a la condena más alta, de 14 años de prisión, por delitos de integración en organización terrorista, tenencia ilícita de armas y tres de falsificación de documentos, ya que en el piso de Madrid donde fue detenido se intervinieron dos pistolas, munición y diversa documentación falsa.
Por su parte, las defensas de los procesados han solicitado su libre absolución. El fiscal pide para todos los procesados un mínimo de 8 años de prisión por un delito de integración en organización terrorista. Además de a Merino, el representante del Ministerio Público imputa a otros cinco encausados un delito de falsificación de documentos. En concreto, se trata de Yolanda Fernández Caparros y Carmen López Anguita (para quienes pide un total de 11 años de cárcel) y Leoncio Calcerrada, Israel Moleón y Carmen Muñoz Martínez (10 años y 9 meses).
Los seis acusados restantes, para los que se han solicitado condenas de 8 años de prisión por integración en organización terrorista, son María Josefa Alarcón, Victorio Calcerrada, Aurora Cayetano, Francisco Javier García Victoria, Juan Carlos Matas Arroyo y Aníbal Saugar. Por su parte, Belén López Calderón, a quien el fiscal acusaba inicialmente también por este delito, no ha sido juzgada en esta causa, ya que se encuentra en Francia en libertad provisional, donde se encuentra pendiente de juicio.
Además, el fiscal ha reclamado en sus conclusiones que el tribunal acuerde la ilegalización y la disolución del Partido Comunista de España Reconstituido, conocido por sus siglas "PCE(r)", al que considera que es el brazo político de los GRAPO. Varios de los acusados estaban relacionados con dicho partido. El PCE(r) se encuentra suspendido de actividades desde marzo de 2003 por orden del juez Baltasar Garzón, quien consideró probado que formaba con el GRAPO "una sola estructura terrorista".
