La Audiencia Nacional fija fianzas de hasta 600.000 euros a tres mafiosos rusa presos desde 2008, entre ellos un 'capo'

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impuesto fianzas de hasta 600.000 euros a tres presuntos miembros de la mafia rusa, entre ellos un supuesto jefe, Gennadios Vasilievich Petrov, que se encuentran en prisión por orden del juez Baltasar Garzón desde junio de 2008.

En sendos autos, la Sala, presidida por Angela Murillo, explica los motivos por los que modifica la situación de prisión provisional de Gennadios Petrov, Alexander Malishev y Leonid Khristoforov. Para el primero, decide prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros; para el segundo la cantidad es de 500.000, y para el tercero, de 300.000.

Además, a los tres les prohibe abandonar España, les fija dos comparecencias diarias ante las fuerzas de seguridad y les obliga a señalar un domicilio y comunicar cualquier cambio de residencia.

En el caso de Petrov, Garzón le procesó como 'capo' de la mafia rusa 'Tambovskaya-Malysevskaya' y le atribuye los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas y contra la Hacienda Pública. Sin embargo, los magistrados apuntan en su auto que "no consta oficialmente que pertenezca o lidere" dicha organización criminal, ni que se le haya iniciado ningún sumario penal por asesinato, tráfico de armas, extorsión, violación o fraude.

Además, consideran "indudable el arraigo personal, familiar y laboral" de Petrov en España, donde vive su mujer y su hija de diez años, todos residentes en el país "desde hace más de diez años".

Con estos informes oficiales, continúa el ponente, Juan Francisco Martel, "quedan parcialmente en entredicho las iniciales consideraciones sobre presunta actividad delictiva del recurrente en su país y sobre su falta de verdadero arraigo personal y familiar en España".

LOS 18 MESES DE PRISIÓN REDUCEN EL RIESGO DE FUGA

De este modo, y aunque afirma que la información documental "no permite descartar la actividad presuntamente delictiva desarrollada" que sigue investigándose, considera que el transcurso de cuatro años desde que comenzaran las pesquisas y "sobre todo el transcurso de 18 meses" desde que Petrov se encuentra en prisión provisional, conlleva que "haya disminuido de modo considerable, aunque no se pueda desechar totalmente, la expectativa de sustracción a la acción de la justicia".

Igualmente, en relación a Alexander Malishev, al que el juez de instrucción acusó de ser el lugarteniente de Petrov, la Sala decide que el tiempo transcurrido desde que se encuentra en prisión --diecinueve meses-- ha "disminuido" el riesgo de fuga.

La ponente, Angela Murillo, sostiene que los "indicios racionales de criminalidad" que había sobre Malishev y que "siguen pesando" en las actuaciones "señalan 'indiciariamente'" al procesado como partícipe en delitos graves, pero también afirma que en el tiempo transcurrido desde que comenzaron las investigaciones "tales indicios tampoco aparecen fortalecidos por el resultado de las profusas investigaciones desplegadas, en orden a robustecerlos".

En cualquier caso, afirma que aunque continúen existiendo indicios, el mantenimiento de la prisión provisional --"la más gravosa que se puede imponer a cualquier ser humano"-- requiere de otros requisitos, que en este caso, y debido al tiempo que lleva en prisión, no se mantienen.

"FÉRREAS MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS"

Con todo, la Sala acuerda la adopción de "férreas medidas cautelares sustitutivas" que, como en los otros dos casos, permitan que el riesgo de fuga, que "nunca se puede asegurar al cien por cien", sea "ínfimo, prácticamente inexistente".

Finalmente, por lo que respecta a Leonid Khristoforov, aunque la Sala revela la "falta de coherencia lógica" de las alegaciones de su defensa en la impugnación de su prisión provisional, afirma que "el tiempo de prisión que lleva el recurrente" hace que los argumentos que el juez de instrucción alegó para su mantenimiento en la cárcel se revelen "insuficientes".

En opinión de la Sala, "la mera duración de la prisión del recurrente le favorece en un triple sentido: por la propia complejidad de la instrucción y la dificultad de avance, por la existencia de datos objetivos de arraigo y por la necesaria proporcionalidad de la medida cautelar y la sentencia que en su día pueda dictarse".

La ponente, Angela Murillo, destaca no obstante en su auto la "complejidad" de la instrucción, que se aprecia "no sólo por haber sido necesaria una previa, dura y confusa investigación policial", sino porque la investigación judicial llevada a cabo con posterioridad necesta de colaboración y pesquisas de índole internacional".