Audiencia Nacional impone fianzas de 60.000 euros a los últimos 4 detenidos por Jarrai, que no pudieron ser juzgados

Actualizado: viernes, 31 marzo 2006 15:44

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impuesto fianzas de 60.000 euros, para que puedan salir de prisión, a los últimos cuatro detenidos que se produjeron por su presunta vinculación con las organizaciones juveniles abertzales Jarrai, Haika y Segi. Se trata de Eneko Aizpuru, Araitz Zubimendi, Oier Oa y Garikoitz Múgica Zubiarrain.

Ninguno de ellos pudo ser juzgado en el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional el año pasado contra los responsables de las citadas organizaciones, ya que estaban huidos. Fueron detenidos en Francia y entregados a la Justicia española. Auzpuru se encuentra en prisión provisional por esta causa desde el 7 de julio del año pasado; Zubimendi, desde el 25 de abril; Múgica, desde el 3 de agosto; y Oa, desde el 18 de noviembre.

El fiscal adscrito a la causa, Enrique Molina, pidió a la Sala que les permitiera abandonar la cárcel si hacían efectiva una fianza de 60.000 euros, ya que no serán juzgados hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación presentado contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra los responsables de Jarrai.

En dicha resolución, la propia Sección Cuarta condenó el 20 de junio del año pasado a 24 de los 28 responsables juzgados a penas de entre 2 años y medio y 3 años de medio de cárcel por un delito de asociación ilícita no terrorista, lo que provocó que fuera recurrida tanto por las defensas como las acusaciones. El fiscal pedía para la mayoría de ellos 10 de cárcel por un delito de integración en organización terrorista.

Ante la perspectiva de que aún se tarde en celebrar el juicio contra ellos, el fiscal Molina ha pedido a la Sala que los imputados puedan salir de prisión haciendo efectiva una fianza de 60.000 euros. Además solicita que tengan la obligación de realizar comparecencias apud acta cada tres días en el Juzgado más próximo a su domicilio y que se les prohiba abandonar el territorio nacional. La acusación que ejerce la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) se sumó a la petición fiscal.