MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará el próximo jueves al miembro de la banda terrorista ETA Asier Arzalluz, alias "Sendoa", por la colocación de un artefacto explosivo en la empresa Ezpeleta S.A situada en el polígono industrial de Amorebieta (Vizcaya) en diciembre de 2001.
El fiscal Enrique Molina solicita para él 9 años de prisión por los delitos de daños terroristas y tenencia de sustancias explosivas. Pide además una indemnización de 24.466 euros para la empresa afectada y de 67.357 euros para Erhadt y Cía, situada en el mismo polígono y que también sufrió daños a consecuencia de la explosión.
La Fiscalía considera que Arzalluz, que fue entregado temporalmente a España por las autoridades francesas en 2005, colocó el artefacto compuesto por cinco kilos de Titadyne en compañía de otras personas que actualmente se encuentran en situación de rebeldía, cuando formaba parte de comando "K-Olaia".
PERTENENCIA A LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA
Ese mismo día la Sección Segunda juzgará a Gorka Díez de Ulzurrun, Eder Ariz y Zaine Rekondo, acusados de pertenencia a organización terrorista.
La Fiscalía solicita en este caso una pena de 12 años de prisión para Díez de Ulzurrun y de 10 para Ariz y Rekondo. Considera acreditado que los tres mantuvieron encuentros con miembros de ETA para su entrada en la banda terrorista.
El acusado para el que se socilita un mayor número de años se sometió, además, a un entrenamiento en la localidad Francia de Suhescun en el que miembros de ETA le enseñaron a realizar seguimientos, pasar informaciones y a manejar armas y explosivos, según la fiscal María José Checa.
Según su escrito de acusación, al término del entrenamiento le entregaron un cd que contenía datos sobre posibles objetivos y le encargaron que se pusiera en contacto con los otros dos procesados para realizar el seguimiento.
Tanto Díez de Ulzurrum, que recibió el nombre orgánico de "Trompi" como Ariz, al que se le asignó el apelativo de "Jabalí", recabaron información sobre distintos empresarios vascos, concejales de Unión Progresista Navarra (UPN) y miembros de la Policía Municipal de Pamplona.
En el caso de Zaine Rekondo alias "Ainara", el dirigente de ETA Ibon Fernández Iragi "Susper", le encargó el seguimiento de un empresario de Andoain aunque, según la fiscal, desistió al no localizarlo.
Durante los registros practicados en sus distintos domicilios y vehículos tras su detención se incautó diversa documentación de carácter incriminatorio como fichas con datos sobre los objetivos o libros sobre ETA o publicaciones internas de la banda.
