La Audiencia Nacional juzgará el miércoles a la etarra González Peñalva por la muerte del coronel Romero González

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de lo penal de Audiencia Nacional juzgará el próximo miércoles a la etarra Belén González Peñalva por la muerte en junio de 1985 en Madrid del coronel del Ejército Vicente Romero González Calatayud, su conductor Juan García Giménez y el agente del Cuerpo Nacional de Policía Esteban del Amo García.

El fiscal Vicente González Mota pide para ella 282 años de prisión por un delito de atentado con resultado de muerte, tres de asesinato, siete en grado de frustración y uno de estragos. El fiscal pide también que la procesada indemnice con 90.151 euros a los familiares de los fallecidos.

El escrito de acusación sostiene que los integrantes del "comando Madrid", integrado por los etarras José Ignacio De Juana Chaos, Inés del Río Parada y Juan Manuel Soares Gamboa, acordaron en junio de 1985 atentar contra el coronel del Ejército Romero González Calatayud, con los datos que había obtenidos sobre sus horarios y movimientos.

Los terroristas le esperaron en un coche robado en las inmediaciones de su domicilio y cuando entraba en su coche, junto con su conductor, González Peñalva y otro etarra les dispararon, causándoles la muerte.

Seguidamente, abandonaron el vehículo en un aparcamiento con un artefacto explosivo compuesto por varios kilos de dinamita. Tras localizar el vehículo, el grupo de los TEDAX acudió a la zona para desactivar el artefacto, pero éste explotó, causando la muerte de uno de ellos e hiriendo a otros cuatro agentes.

CENTRO DE MENORES DE ZUMÁRRAGA

Esa misma Sección juzgará mañana a los miembros de ETA Asier Arzalluz Goñi y Aitor Aguirrebarrena Beldarraín por el atentado cometido el 22 de febrero de 2001 contra el Centro de Menores de Zumárraga (Guipúzcoa). La explosión produjo daños en el edificio por valor de 2,5 millones de euros.

El fiscal Jesús Alonso pide para Arzalluz 71 años de cárcel por varios delitos, entre ellos pertenencia a banda armada y estragos terroristas, mientras que para Aguirrebarrena solicita 12 años de prisión por pertenencia a banda armada. Las autoridades francesas concedieron la extradición de Aguirrebarrena sólo para que fuese juzgado por pertenencia a la organización terrorista ETA.

El representante del Ministerio Público pide también que los procesados, integrantes del "comando Ttotto", indemnicen al Gobierno vasco con 184.508, 96 euros por los daños causados a los bienes de los edificios, así como con 2,5 millones de euros por los daños en el mismo inmueble. Del mismo modo, pide que paguen 12.000 euros a los empleados de seguridad que fueron amenazados y retenidos por los etarras.

El escrito de acusación sostiene que los integrantes del "comando Ttotto", formado también por el etarra Ignacio Guridi Lasa, planearon en febrero de 2001 atentar contra el Centro de Menores de Zumárraga, siguiendo órdenes del ex dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, "Txapote". Lasa se dedicó a recabar información sobre el centro, mientras que los procesados recabaron información sobre las personas que trabajaban en el lugar.

El día 22, los etarras consiguieron entrar en el centro, amenazando a varios vigilantes de seguridad, y colocaron 8 artefactos explosivas, accionando los temporizadores para que explotarán una hora después de abandonar la zona. Siete de las cargas explosivas estaban compuestas por 14 kilos de dinamita de tipo Titadine cada una y el octavo con 8 kilos de la misma sustancia.

Los integrantes del "comando Ttotto" abandonaron el lugar en el vehículo sustraído. Guridi Lasa salió del coche en Ordicia con tres mochilas y se dirigió a pie al centro de la localidad, donde le esperaba un colaborador de la banda armada. Sin embargo, Lasa fue detenido por la Ertzaintza como consecuencia del dispositivo policial establecido tras la explosión registrada en el Centro de Menores.

La explosión produjo el derrumbamiento de tabiques y paredes exteriores de las plantas bajas de cada uno de los edificios donde estaban colocados los artefactos y ocasionó daños en las estructuras de los diferentes edificios.

CONTRA LA GUARDIA CIVIL

Por su parte, el ex dirigente etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias "Gadafi", se enfrentará el próximo jueves a un nuevo juicio, en esta ocasión por la colocación de un coche-bomba con 60 kilos de amonal y nagolita en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil de Casalarreina (La Rioja).

El fiscal pide para él 39 años de cárcel por un delito de atentado y otro de estragos. La explosión produjo heridas a un guardia, que según el Ministerio Público debe ser indemnizado con 6.000 euros, y daños en el propio cuartel y en numerosos vehículos y viviendas próximas que han sido tasados en 171.546 euros.