Imagen de los registros en la empresa Acco-Europa Press
Sociedades privadas, en connivencia con el sector público, acordaban la cuantía de las ofertas a presentar para excluir a empresas competidoras
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado este martes registros en ocho empresas, así como 13 despachos profesionales, y requerimientos en la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña y la Autoridad Catalana de la Competencia para investigar posibles amaños en concursos para adjudicaciones públicas en esa comunidad autónoma, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas y policiales. La Guardia Civil eleva el número de investigados a 15.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acaba de abrir esta nueva causa, que deriva de otra que instruye desde hace unos meses, la del denominado 'caso 3%' sobre el pago de comisiones ilegales en las adjudicaciones de obra pública. Mientras investigaba esta causa, De la Mata encontró indicios que apuntan a nueve empresas privadas de ingeniería que se presentaban a los concursos y luego pactaban entre sí para hacerse con los contratos.
Según ha informado la Guardia Civil, la investigación comenzó con el análisis de una serie de correos electrónicos de uno de los investigados. Fechados entre los años 2008 y 2011, de estos e-mails se obtuvo que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalitat de Cataluña, se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas.
Mediante dicho pacto, las empresas privadas que lo integraban acordaban la cuantía de las ofertas que deberían presentar para excluir a las empresas competidoras que eran ajenas al mismo. Del mismo modo, las pesquisas de los investigadores han conseguido demostrar la participación de numerosas empresas públicas de la Generalitat en el entramado corrupto.
Fuentes jurídicas apuntan que la investigación se centra en la actividad del expresidente de Infraestructuras de la Generalitat Joan Lluís Quer y del exdirector general Josep Antoni Rosell, que es la persona que vincula el 3% con esta nueva causa.
La Guardia Civil investiga el posible direccionamiento irregular de numerosos expedientes de contratación pública, constatándose la celebración de diversas citas con este objeto, entre los empresarios adjudicatarios y miembros del poder adjudicador.
Los delitos que se investigan son los de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación, además de financiación ilegal de partido político, al ser una causa que deriva del 'caso 3%' sobre la financiación irregular de Convèrgencia Democràtica de Catalunya (CDC).
Se trata, según explican estas fuentes, de culminar lo que ya se empezó en el Juzgado de El Vendrell (Tarragona), que fue el que comenzó la investigación del 'caso 3%' antes de que se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional.
EMPRESAS DE BARCELONA, LÉRIDA, VIZCAYA Y SEVILLA
Las fuentes consultadas han explicado que al hallar los indicios necesarios el magistrado decidió abrir unas diligencias aparte del 'caso 3%' y uno de los primeros pasos ha sido el registro de ocho empresas en las provincias de Barcelona, Lérida, Vizcaya y Sevilla, además de solicitar a las dos mencionadas sociedades públicas catalanas los expedientes de los contratos.
Así, desde las nueve de esta mañana, agentes del Servicio de Informacion de la Guardia Civil están efectuando las entradas y registros, así como los requerimientos, pero fuentes de la investigación han descartado de momento que vayan a efectuar detenciones.
En las actuaciones llevadas a cabo, se ha procedido al requerimiento judicial de los 10 expedientes objeto de investigación, que obran en poder de la empresa pública de Infraestructuras de Cataluña como órgano licitador y adjudicador de los mismos, para su posterior estudio y análisis.
Por otra parte, se ha entregado un mandamiento judicial dirigido a la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) para que aporte cuantas actuaciones haya realizado en relación con el entramado de empresas que estarían involucradas en la adjudicación de determinados concursos.
Así, la Guardia Civil se ha llevado de la sede de Acco información sobre un expediente que la propia Acco tiene abierto "por una posible connivencia entre empresas constructoras en la adjudicación de contratos de obras públicas", ha declarado a los periodistas el presidente de este organismo, Marcel Coderch.
La Guardia Civil ha entrado con orden judicial sobre las 10 y salido sobre las 13 horas.
En declaraciones a los medios, Coderch ha explicado que en el caso de la Acco se trata de un requerimiento de información sobre un expediente abierto por el mismo organismo, y que la actuación no va contra ellos.
"En ningún caso la actuación va dirigida a nada que haya podido hacer la Autoridad Catalana de la Competencia. Supongo que al revés: quizás nos podrían felicitar por habernos anticipado hasta un año, año y medio", ha dicho.
Coderch ha insistido en que son ellos mismos los que están facilitando toda la información sobre este expediente, que recogieron en varias inspecciones que realizaron en las empresas en cuestión: "Somos partícipes de una operación más amplia".
Por eso, cree que la Guardia Civil podría haber recogido esta información de forma más discreta, ya que "hay procedimientos normales de requerimiento de información que muchos juzgados hacen servir. Entiendo que son las circunstancias en que se encuentra el país".
Coderch ha explicado que la Guardia Civil ha requerido toda la información recabada y todas las actas de las inspecciones: "Son 3,3 gigas de información digital sobre estas diferentes empresas".
"Tuvimos indicios de que podría haber habido unos acuerdos previos entre diversas empresas constructoras a la hora de adjudicarse determinados contratos de obra pública", ha detallado, y ha añadido que ante esto lo que hacen es iniciar actos de inspección y obtener información.
"La estamos procesando. Aún no hemos decidido si hay suficientes indicios de que haya habido una violación de las leyes de la competencia, pero esto está reducido en nuestro ámbito, que es el de las leyes de la competencia", ha aclarado Coderch.
Cuando se ha iniciado el registro, la mayor parte del personal de la Acco no estaba en la sede porque están haciendo otras inspecciones en otros expedientes: "Prácticamente no hay nadie".
REGISTROS EN LA EMPRESA SENER EN GETXO
La empresa de ingeniería Sener, en Getxo (Vizcaya), ha sido registrada este martes por la Guardia Civil en relación con el caso del 3%, de presunto pago de comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de adjudicaciones públicas, dentro de una investigación de un cártel de empresas que supuestamente se habrían beneficiado del reparto de licitaciones de la Generalitat de Cataluña. Al parecer, compañías privadas acordaban supuestamente la cuantía de las ofertas para excluir a competidores.
Fuentes de la investigación han informado a Europa Press de que el operativo, relacionado con la supuesta comisión de una serie de delitos contra la Administración pública, se ha realizado en el marco de unas diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Imágenes de los registros en Acco:
Imáneges de los registros en la empresa Sener en Getxo:
