MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional considera que persisten las razones que motivaron el nombramiento del juez Diego De Egea como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, donde se ha venido haciendo cargo de la instrucción del 'caso Villarejo', y recomienda que sea renovado en su puesto "a la mayor urgencia".
De Egea fue designado en comisión de servicio en este Juzgado del que es titular el magistrado Manuel García Castellón, ante la sobrecarga de trabajo que asumía por ser el instructor de las macrocausas de corrupción Púnica -cuya tramitación se mantendrá al menos hasta el año 2022-- y Lezo, que si bien está más avanzada aún tiene meses de recorrido por delante.
La designación como juez de refuerzo se realiza por un plazo de seis meses al cabo de los cuales, debe ser renovado en el cargo. Tras una primera renovación a mediados de año, De Egea afronta la recta final de su plaza, que vence el 31 de diciembre, momento en el que el Consejo General del Poder Judicial deberá haber decidido si confirma su situación.
En caso contrario, volvería al Juzgado de Instrucción número 43, donde tiene su plaza, y del que salió tras ser destinado a la Audiencia Nacional por acuerdo del órgano de gobierno de los jueces en agosto de 2017 en una sesión marcada por la división: Hubo empate en la votación y fue el voto de calidad del aún presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, quien decantó a la Comisión Permanente en favor de De Egea.
Ahora, su renovación volverá a someterse a votación de la Comisión Permanente convocada para este jueves o a más tardar, de la prevista para el 20 de diciembre, pero como paso previo, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional se ha pronunciado al respecto tras recabar informes del titular del Juzgado y del propio De Egea, que ha solicitado quedarse, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Tras analizar esta documentación, sometió a votación el pasado 22 de octubre la renovación del juez y por unanimidad, la Sala de Gobierno acordó que siga desempeñando las mismas funciones atendiendo "al número de causas que se instruyen en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 y a la magnitud de las mismas".
"Resulta imprescindible la continuación de la medida de refuerzo interesada para así poder afrontar con garantías las múltiples y diversas causas complejas que se siguen en dicho Órgano Judicial", señala la resolución de la Sala de Gobierno.
Acuerda así "mostrar su conformidad y ratificar por unanimidad" la renovación de De Efea por otros seis meses, "al mantenerse las mismas circunstancias que motivaron la solicitud inicial, dado el poco tiempo transcurrido desde entonces, y al persistir las razones que originaron su nombramiento, debiéndose verificar a la mayor urgencia".
Este es el juez que se encarga de la instrucción del 'caso Tándem', que investiga las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, de sus socios y de algunos de sus clientes y que ha motivado ya la apertura de ocho piezas separadas por la posible comisión, entre otros, de delitos de organización criminal, cohecho, extorsión y revelación de secretos.
Durante la investigación, han sido notorios los desencuentros con la Fiscalía Anticorrupción, que ha venido recurriendo decisiones de De Egea como poner en libertad bajo fianza a los principales socios de Villarejo, archivar parte de las piezas investigadas -en dos casos el recurso está vivo y pendiente de resolución de la Sala-- o levantar el secreto sobre la principal, poniendo a disposición de las partes la documentación ya analizada que fue intervenida al expolicía.
De hecho, el propio juez se ha pronunciado en contra de la labor de los fiscales, la última vez en un auto en el que confirmaba su decisión de archivar la pieza relativa al espionaje de un despacho de abogados y en el que acusaba a Anticorrupción de hacer investigaciones "prospectivas".
Mientras, desde el Ministerio Público se ha venido poniendo en duda en los recursos presentados la precipitación del juez a la hora de adoptar estas decisiones, pues entienden que la gravedad de los delitos investigados justifica con creces tanto la prisión provisional de los socios de Villarejo que han sido puestos en libertad como el mantenimiento del secreto de las actuaciones.
