La Audiencia Nacional solicita que se le atribuya la competencia sobre los delitos de inmigración ilegal

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional solicita en su Memoria del año 2005, que fue hecha pública hoy, que se le atribuya la competencia para juzgar los delitos de inmigración ilegal, ya que considera que las "redes mafiosas que canalizan esa inmigración no son ajenas a las que se dedican a actividades delictivas tales como la falsificación documental, el fraude, los secuestros y las amenazas y coacciones, entre otros".

Así, considera que la concentración de las investigaciones de este tipo de crímenes y de aquéllos contra el patrimonio artístico en un solo Juzgado Central y su enjuiciamiento en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional "propiciará el éxito en la persecución de los delitos".

Para hacer frente al aumento de tareas que asumir la competencia supondría en la Audiencia Nacional, propone que no sea este tribunal el encargado de juzgar los delitos de falsificación de tarjetas de crédito, salvo cuando sean realizados de forma "masiva o cometida por un grupo organizado".

Además, la Memoria "aconseja estudiar la conveniencia de una reforma de nuestras leyes" sobre la Justicia universal, dados los "problemas derivados de la competencia" que provoca el enjuiciamiento de crímenes cometidos fuera de España, como los que se llevaron a cabo en las dictaduras de Argentina, Chile y Guatemala, o en el Tíbet, por lo que propone "fijar nuevos criterios de atribución a la jurisdicción española".

También se refiere a la "distorsión" y los "inconvenientes" que provocan en el "normal funcionamiento" de la Sala de lo Penal los 20 "macrojuicios" que se celebraron en 2005, como el que actualmente se sigue contra el supuesto entorno de ETA, puesto que "han obligado a duplicar continuamente los tribunales".

"A ello se une que está en su fase instructora final el primero de los juicios por los atentados del 11-M en Madrid, causa que dada su significación y la situación de prisión provisional de muchos de los procesados se le otorga prioridad absoluta", agrega.

A pesar de que en marzo de ese año comenzó a utilizarse la sede habilitada en la Casa de Campo de Madrid, el espacio disponible para este tipo de procesos "es insuficiente". Según la Audiencia Nacional, el tiempo de celebración de los "macrojuicios" es "muy elevado" y requieren una dotación de medios materiales y humanos "extraordinaria".

EVITAR EXCARCELACIONES

También se destaca la adopción de medidas destinadas a aumentar el control del tiempo que llevan encarcelados los presos preventivos para evitar errores que conduzcan a excarcelaciones por haber cumplido el plazo máximo de prisión provisional. Entre ellas, menciona el envío mensual al presidente de la Audiencia Nacional y al de su Sala de lo Penal de una relación elaborada por los Juzgados Centrales con los reos provisionales que están bajo su control.

"El método de control, que desgraciadamente no es infalible ni por tanto evita totalmente los errores", como mostró el pasado día 10 la excarcelación del procesado por el 11-M Saed el Harrak, "ha demostrado en la práctica su efectividad". A pesar de ello, advierte de que "el error es consustancial a la condición humana y por lo tanto sería temerario descartar la posibilidad de futuros fallos".

DIFÍCIL CUSTODIA DE OBJETOS

Otros de los aspectos señalados por la Audiencia son las "dificultades" actualmente existentes para la custodia de documentación y efectos en los Juzgados Centrales de Instrucción, cuyo "estado actual es realmente grave, y cuya solución "debe ser abordada sin demora ni ningún tipo de excusa".

Por ello, considera "imprescindible la organización de un sistema de archivo general que permita que la función de guarda y custodia de causas y piezas de convicción" se realice "sin riesgos de seguridad" y "evitando su acumulación en las secretarías y en los pasillos, donde esa función es absolutamente imposible de controlar". Precisamente, la pérdida de unas cintas en el Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular es Juan del Olmo, obligó a repetir un juicio contra 28 presuntos narcotraficantes y excarcelar a seis de ellos.

Tras destacar que "los trágicos momentos" sufridos por el 11-M en Madrid no hicieron necesaria "ninguna norma excepcional", puesto que el "integrismo islámico" no es "sino una expresión más de la lacra del terrorismo que havenido sufriendo España durante décadas", subraya la labor realizada por la Unidad de Apoyo al Juzgado Central de Instrucción número 6, encargado de instruir los atentados, que se encargó de informar, atender y proteger jurídicamente a los afectados por la masacre.

AUMENTAR COMPETENCIAS DE LO SOCIAL

Respecto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, subraya su "ingente labor en defensa del Estado de Derecho, que se presenta insustituible", y en cuanto a la Sala de lo Social, afirma que "ha cumplido sus objetivos" y propone que aumente sus competencias, lo que redundaría en un "mejor funcionamiento de la misma", en un "decrecimiento de los litigios no universales" en otros tribunales, y en la homogeneización de las soluciones judiciales.

Por otra parte, la Audiencia Nacional subraya la necesidad de disponer de más medios humanos y materiales, de redistribuir las cargas de trabajo, de un nuevo régimen de sustitución de magistrados, así como de llevar a cabo una "permanente colaboración con otras instituciones", de forma especial con el Ministerio de Justicia y las Fiscalías, "creando canales de comunicación permanentes o mejorando los existentes".

En cuanto al objetivo para el año 2005 de aplicar las nuevas tecnologías a la Sala de lo Penal, reconoce que "no ha sido conseguido más que de forma parcial, desigual y claramente insuficiente, a pesar de que es obvia su importancia". También menciona la puesta en marcha de una departamento de comunicación y destaca su "excelente dedicación y rendimiento".