ALMERÍA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La sala de vistas de la Audiencia Provincial de Almería acogerá el próximo viernes día 27 a partir de las 10.00 horas la sesión pública en la que se procederá a la publicación y notificación de la sentencia contra los nueve agentes del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) imputados por el fallecimiento del agricultor Juan Martínez Galdeano el 24 de julio de 2005.
En la providencia dictada por la presidencia de la Sección Tercera, a la que tuvo acceso Europa Press, la magistrada Társila Martínez cursa, asimismo, orden a la Policía Nacional para que adopte las medidas oportunas para garantizar la seguridad de la sesión final de un caso que, desde su inicio el pasado día 19 de marzo, ha estado rodeado de un importante dispositivo de control.
La Fiscalía pide para el principal imputado y mando del puesto cuando ocurrieron los hechos, el teniente José Manuel Rivas, una pena de tres años y seis meses de prisión por los delitos de atentado grave contra la integridad moral, lesiones y homicidio imprudente.
El fiscal Fernando Brea considera también autores de los mismos delitos al sargento J.A.M. y a la agente M.J.S.P., para los que solicita tres años y tres meses de cárcel mientras que los otros cuatro imputados se enfrentan a tres años por considerar el Ministerio Público que obraron no por acción sino por omisión. El último de los funcionarios --J.A.M.M.--, a quien exime de los delitos de homicidio imprudente y lesiones pide dos años de prisión.
Por su parte, la acusación particular que ejercer el letrado José Ramón Cantalejo, reclama cinco años y seis meses de prisión para el Teniente Rivas como autor de los delitos de atentado grave contra la integridad moral, lesiones y homicidio imprudente.
Asimismo, imputa al sargento delitos de lesiones y homicidio imprudente, con una calificación de cuatro años y seis meses por los seis meses solicitados para el resto de los acusados a los que considera cómplices en la autoría de atentado grave contra la integridad moral.
APDH
Un presunto delito de tortura es lo que, a juicio de la acusación popular ejercida por el abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos Jaime Sanz de Bremón, cometió el mando del puesto para el que solicita ocho años y nueve meses de cárcel como autor, asimismo, de homicidio imprudente y lesiones. En cuanto al resto de los acusados, Bremón mantiene la imputación de delitos contra la integridad moral, homicidio imprudente y lesiones por los que reclama una pena de seis años y tres meses de cárcel
El abogado de la defensa y del Estado, Gustavo Arduán y Demetrio Carmona respectivamente, reiteraron el último día del juicio su petición de absolución de todos los delitos imputados a los ocho agentes al considerar que la muerte del agricultor se produjo por un delirio agitado derivado de la ingesta de cocaína, tal y como declararon los tres forenses que realizaron a autopsia al agricultor.
Ministerio Fiscal y acusación particular cuantificaron también indemnizaciones de entre 25.000 y 150.000 euros para el hijo y la esposa del fallecido que el Abogado del Estado rebaja, si la juez valora que hubo lesiones, a un único pago de 47,83 euros por cada uno de los siete días de baja que se establecieron por las heridas que presentaba Juan Martínez Galdeano.
VISTO PARA SENTENCIA
El juicio quedó visto para sentencia el día 11 tras ser aplazado en una ocasión por deceso de la suegra de uno de los tres magistrados que componen en tribunal --Jesús Martínez Abad-- y sufrir el retraso de una semana sobre el calendario de sesiones previsto por coincidencia con el periodo de Semana Santa.
Al término de la sesión, la mayoría de los imputados mostraron su pésame a la familia del agricultor fallecido y reiteraron su actuación "en cumplimiento del deber". El propio teniente Rivas declaró que actuó "con los medios y conocimientos que tenía a mi alcance" y manifestó que "he recibido muchas críticas hasta ahora pero nadie me ha dicho aún cómo tendría que haber actuado".
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