El exjefe de Urbanismo y el hijo del exministro Rodríguez Miranda se sientan en el banquillo por la concesión de una licencia irregular
PALMA DE MALLORCA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha suspendido el juicio que tenía previsto celebrarse desde este lunes contra el exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx Jaume Massot y el exasesor jurídico Jacobo Rodríguez Miranda, hijo del exministro Santiago Rodríguez Miranda, tras haber sido informado de que el Consistorio prevé declarar próximamente como urbano el terreno protegido en el que presuntamente favorecieron la construcción de un chalet ilegal.
Tal y como han indicado las defensas, en próximas semanas está previsto que, en sus Normas Subsidiarias (NNSS), el Ayuntamiento cambie a urbana la calificación de la finca, de 887 metros cuadrados, de forma que la vivienda se asentaría sobre el solar ya de forma legal, a pesar de que sus obras fueron en su día ejecutadas de forma presuntamente irregular por tratarse de un solar ubicado en un Área Rural de Interés Paisajístico (Arip).
Así las cosas, las partes volverán a comparecer en la Audiencia el 13 de junio para analizar si se reanuda el juicio, enmarcado en la pieza separada número 6 del caso Andratx, dentro de la cual la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años y medio de cárcel para Massot (por los presuntos delitos de prevaricación urbanística, falsedad y contra la ordenación del territorio) y seis meses de prisión para Rodríguez Miranda (por prevaricación).
Por su parte, la acusación particular, ejercida por los abogados Josep de Luis e Isabel Fluxà en representación del Consistorio 'andritxol', reclama diez años de privación de libertad para Massot por los mismos ilícitos penales, y dos años para el exasesor.
Se da la circunstancia de que el hijo de quien fue ministro de Trabajo y Seguridad Social durante el último gobierno de UCD, ya fue condenado por este mismo órgano judicial a siete años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros dentro de otro de los flecos de la causa -el número 9-, en el que por el contrario fue absuelto Massot.
Junto a los dos inculpados se sientan en el banquillo el excelador de obras del Ayuntamiento, Jaume Gibert, y los cuatro propietarios que adquirieron una parcela ubicada en suelo rústico "con el único fin de especular y a sabiendas de que no iban a tener impedimento alguno para obtener licencia de construcción", a pesar del nivel de protección del terreno, tal y como postulan las acusaciones en sus respectivos escritos de calificación, a los que tuvo acceso Europa Press.
Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento aseveran cómo Francisco Romero, Juana María Reus, Ole Jorgen Phister y Marianne Yvonne adquirieron el solar de Can Mena -de 887 metros cuadrados-, con el objetivo de construir en él una vivienda unifamiliar de nueva planta pese a ser conscientes de la imposibilidad legal de esta pretensión. Sin embargo, los procesados no se limitaron a ejecutar estas obras sino que a éstas se sumaron terrazas de unos 168 metros cuadrados así como unas dependencias anexas de 33,2 metros, señalan.
Las acusaciones apuntan a que tan sólo cuatro días después de la compraventa, el 16 de julio del año 2000 Gibert emitió un certificado de antigüedad para hacer constar que en el terreno existía ya una casa en ruinas de más de 100 años de antigüedad -a fin de posibilitar su reforma- a pesar de que no existía vivienda alguna. Una actuación que presuntamente llevó a cabo siguiendo "expresas órdenes" de Massot, a fin de que los propietarios pudieran solicitar licencia para la 'rehabilitación de vivienda unifamiliar aislada existente'.
Tras ello, prosiguen, Massot informó favorablemente de la licencia mientras que Rodríguez Miranda emitió asimismo un informe favorable a pesar de conocer "sobradamente la inexistencia de una vivienda que reformar". "Dada su formación en derecho y el área en la que trabajaba era obvio que no podía informar favorablemente, pues no se cumplían los requisitos necesarios ni parámetros urbanísticos previstos por la Ley", indica la acusación particular, aseverando además que el letrado asesor "es la persona encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad vigente".
Tras todos estos trámites, la licencia finalmente fue aprobada el 3 de mayo de 2002, si bien tres años después el propio Gibert emitió acta de suspensión de las obras por no ajustarse a la licencia otorgada, según la cual iba a reformarse un inmueble ya construido en la misma zona -y que en realidad no existía- cuando finalmente fue levantada una vivienda de nueva planta.
Cabe recordar que por esta misma causa ya se encuentran en prisión tanto Massot, también exdirector general de Ordenación del Territorio, como Gibert y el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo. Tanto Massot como Hidalgo cumplen condena en la actualidad en el centro penitenciario de Palma por las dos primeras piezas del caso que fueron juzgadas dentro del caso Andratx, cuya complejidad provocó la apertura de un total de 77 piezas separadas.
