BILBAO, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Vizcaya ha revocado el auto del Juzgado de Balmaseda que desestimaba la querella interpuesta por la sociedad municipal Karrantza Haraneko contra los responsables del posible fraude de la fallida planta de purines de Karrantza, y obliga al mismo juzgado a dar comienzo al procedimiento penal.
En su auto, la audiencia vizcaína critica la "más que escueta resolución" del juzgado de Balmaseda, por la que desestimó la querella presentada por Karrantza Haraneko "por falta de competencia territorial".
La sala entiende que la argumentación del juzgado de Balmaseda es "insuficiente para soportar la negativa a dar comienzo a la investigación judicial por el motivo que se alega, no solo por incompleta, por no aportar un mínimo detalle sobre los datos o hechos que se consideran relevantes, sino, además, porque no resulta convincente, existiendo motivos más que de peso que justifican la competencia de tales juzgados y no siendo relevante el argumento al que parece acogerse la instructora".
En este sentido, el auto recuerda que lo que se plantea en el escrito de querella es un complejo delictivo que tiene un "clarísimo núcleo o centro de actuaciones en el municipio de Karrantza".
"Se trata, sintéticamente, de que, indiciariamente, 10 millones de euros de los 13,5 millones a los que ascendió el importe de diversas subvenciones públicas destinadas a un proyecto para diseñar y montar una planta de depuración de purines en la mencionada localidad, no fueron dedicados a este fin", indica.
"El hecho nuclear sobre el que gira la imputación es el de la apropiación de cantidades procedentes de las administraciones públicas bajo el pretexto del desarrollo del proyecto mencionado, tal y como correctamente indica el auto objeto de apelación", señala el auto.
Asimismo, enumera todos los posibles delitos que se derivan de este posible fraude, como falsedades documentales, prevaricación administrativa, delitos societarios o insolvencia punible. Por lo tanto, valora la consistencia de la querella y dice textualmente que "no resulta lógico ni racional otra conclusión demorando la investigación", obligando a investigar los hechos.
En un comunicado, EH Bildu de Karrantza ha denunciado que, a día de hoy "ni Diputación Foral de Vizcaya ni Gobierno vasco han impulsado ningún tipo de acción en los tribunales, ni siquiera tras conocerse la semana pasada la resolución del administrador concursal de Karrantzako Minda declarando el concurso de la misma culpable y pidiendo una indemnización de 12 millones de euros a los responsables del mismo, entre ellos un ex-alto cargo del Gobierno vasco y un ex-alcalde y concejal del ayuntamiento de Karrantza".
CONCURSO CULPABLE
En paralelo a dicha querella, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao celebrará un juicio en el que se decidirá si se respalda o no la petición del administrador concursal del concurso voluntario de Karrantzako Minda S.L. (sociedad promotora del fallido proyecto de la planta de Purines de Karantza), en la que propone la calificación del concurso como "culpable" y que los responsables de la empresa Ade Biotec S.L. hagan frente a una indemnización de 12,5 millones de euros.
Según el administrador concursal, la empresa Ade Biotec y sus responsables son considerados los "pergeñadores" de un proyecto en el que "han desaparecido más de 10 millones de euros, y la planta todavía no está construida, lo que pone en riesgo además su futura construcción".
Según informó la pasada semana el concejal de EH Bildu en Karrantza y presidente de la sociedad municipal de Karrantza Haraneko, Patxi García, el administrador concursal declara que Karrantzako Minda S.L. "no ha sido más que una sociedad instrumental al servicio de Ade Biotec S.L., empresa que se ha llevado la mayor parte del dinero recibido por las instituciones, y que el máximo responsable de la misma Martin Ascacibar Gregorio, exdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Departamento de Agricultura del Gobierno vasco, ha sido el mentor, gestor, el que controló y ordenó los pagos de las subvenciones, miembro de la comisión de seguimiento del convenio firmado por Karrantzako Minda, además de ser miembro del consejo de administración de esta última".
Por ello, el administrador propone condenar a pagar una indemnización de 12,5 millones a Ade Biotec y solidariamente al propio Martín Ascacibar; otra de 9 millones y medio a Felipe Mendibil asesor técnico y cómplice del anterior; y finalmente a cinco consejeros de Karrantzako Minda S.L., entre ellos al exalcalde José Luis Portillo y al concejal José Ignacio Muro del PNV, una indemnización que asciende a 3 millones de euros.