MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Mariano Casado, consideró hoy "caótico" y "contradictorio" el auto del Juez Togado Militar número 11 de Madrid por el que se rechaza poner en libertad a su presidente, el brigada Jorge Bravo, al tiempo que subrayó que el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, y el jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general de Ejército Carlos Villar, "están obligados a poner en libertad de forma inmediata" al suboficial, habida cuenta del contenido de la decisión judicial.
En rueda de prensa en la sede de la asociación militar, el 'número dos' de AUME aseguró que el auto por el que el magistrado desestima la petición de 'habeas corpus' planteada por Bravo reconoce que España no mantiene vigente ninguna reserva al apartado del Convenio Europeo Derechos Humanos que estipula que la privación de libertad debe ser consecuencia de la decisión de una autoridad judicial, por lo que, a su juicio, la aplicación del arresto queda en "una grave situación", incluso con el riesgo de no poder imponerse ese tipo de sanción.
Casado afirmó que el presidente de AUME es "el gran sacrificado" de este proceso, toda vez que el Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid le "da la razón" al admitir su argumento de que España no tiene una reserva al mencionado apartado del Convenio Europeo. Por ello, aseguró que el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, y el jefe del Ejército, general de Ejército Carlos Villar, "están obligados a ponerle en libertad de forma inmediata".
En este sentido, señaló que el reconocimiento del tribunal castrense de la ausencia de una reserva al citado tratado europeo obliga al Gobierno a entrar directamente a regular "los derechos y deberes de los militares". "No se puede mantener una política de avestruz", dijo, antes de asegurar que varios familiares de militares ya han consultado a su asociación cómo pueden plantear un recurso de 'habeas corpus' contra determinados arrestos.
El secretario general de AUME anunció que mañana mismo su asociación presentará el recurso contencioso disciplinario preferente y sumario por el que solicitará la puesta en libertad del brigada Bravo y, proximamente, interpondrá recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la desestimación de la petición de 'habeas corpus' decretada hoy. Además, avanzó que están preparando iniciativas de apoyo al arrestado y que incluso el presidente del foro europeo EUROMIL podría venir a España para visitarle en el centro disciplinario en que permanece retenido.
Casado destacó que el auto judicial, del que ha estado "puntualmente informado" el Ministerio de Defensa, es una sentencia "caótica y contradictoria" porque reconoce la validez de los argumentos expuestos por el sancionado pero no decreta la anulación del arresto.
Posteriormente, hizo hincapié en que el Gobierno "de manera ineludible" tiene que ponerse "manos a la obra" para actualizar el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y adaptarlo al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sobre la repercusión de esa modificación en el citado régimen, indicó que podría suponer la anulación del arresto como sanción pero que ello no supondría acabar con el régimen disciplinario.
Preguntado sobre si cree que la resolución judicial habría sido la misma si el sancionado no hubiera sido el presidente de AUME, Casado respondió tajante que "posiblemente no" y que "es evidente" que ha pasado lo que ha pasado por ocupar el suboficial el cargo que ocupa en la asociación. No obstante, el secretario general de AUME subrayó que las actuaciones contra Bravo le están convirtiendo en "un símbolo" y que la asociación está aumentado considerablemente el número de socios con respecto a fechas anteriores a su arresto.
AUTO JUDICIAL
En el auto por el que se desestima la petición de 'habeas corpus' el magistrado reconoce que la decisión al respecto debe tomarla el "máximo tribunal de garantías", es decir, el Tribunal Constitucional. Por su parte, el fiscal togado pide el archivo de la petición apoyándose en el argumento de que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el propio Convenio de Derechos Humanos no tiene fuerza ejecutivo sino meramente "declarativa".
El magistrado que decidió rechazar el procedimiento de 'habeas corpus' expone que "un humilde juez" no puede pronunciarse sobre la adecuación de una ley orgánica, la de Régimen Disciplinario, a los tratados internacionales y dice que una decisión "unipersonal y precipitada" como la referente a este procedimiento podría impedir que las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo "su misión constitucional" de garantizar la soberanía de España y su integridad terroritorial, toda vez que la jurísdicción del tribunal abarca las unidades militares de Madrid y los contingentes en el extranjero.
Posteriormente, el juez reconoce que "es verdad" que España no tiene actualizada la reserva al apartado primero del quinto artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que pide al Ministerio de Justicia que le informe sobre la situación de esa reserva para aplicar el régimen disciplinario de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas.
La petición de 'habeas corpus' planteada ayer por el presidente de AUME se centraba en el argumento de que el arresto contraviene la sentencia 'Dacosta Silva' del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como el primer apartado del artículo cinco, sobre el derecho a la libertad y a la seguridad, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ese apartado señala que una persona sólo podrá ser privada de su libertad cuando así lo establezca una sentencia judicial.
