MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó, en enero de 2008, a seis responsables de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), por entender que la pena por estafa debe ser "agravada por recaer sobre viviendas y revestir especial gravedad".
CPV, que se constituyó en diciembre de 1997, cerró sus oficinas en 2002 dejando a casi 2.000 personas sin piso en los planes Actuación Urbanística de los barrios del norte de Madrid, pese a que las familias habían adelantado parte del dinero de la compra de las viviendas, que no se llegaron a construir.
Ahora, el Supremo aumenta de 10 años y medio, a 12 años, la prisión impuesta al accionista mayoritario de la compañía Francisco García Moreno por un delito de estafa agravada, y aumenta igualmente de 8 a 10 años la pena de cárcel que la Audiencia de Madrid impuesta a dos de sus hijos Francisco Javier y Miguel Angel, así como a un amigo de estos, Miguel Angel Morillo, que ejercieron de administradores de la inmobiliaria.
(Habrá ampliación)
