La Audiencia de Madrid comenzará el próximo 11 de diciembre los interrogatorios a los procesados
MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La defensa de la ex responsable de finanzas del PSOE Aída Álvarez, acusada en el juicio por el cheque de SEAT, planteó hoy en las cuestiones previas a la vista oral la existencia de "cosa juzgada" respecto a su cliente por su enjuiciamiento en el "caso AVE", que investigó la presunta financiación irregular del PSOE, del que fue absuelta junto a otros cinco imputados, entre ellos su marido Miguel Molledo y el ex ministro socialista Julián García Valverde.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid comenzó hoy el juicio contra Álvarez y otros cuatro procesados en la primera pieza del "caso AVE", relativa a las comisiones de SEAT por la supuesta venta irregular de una parcelas de la compañía. La vista oral se reanudará el próximo jueves con las alegaciones de las defensas y las acusaciones populares sobre la petición de nuevas pruebas para el juicio. El tribunal anunció que el próximo 11 de diciembre se iniciarán los interrogatorios a los acusados.
En la primera sesión, el abogado Francisco Montiel expuso que los hechos que se le imputan a la ex coordinadora socialista de finanzas en este proceso ya han sido juzgados por la Sección Decimoséptima de esta sede judicial, que la absolvió por haber sido ya enjuiciada por el Tribunal Supremo en relación con el "caso Filesa", la pieza principal de la que se desgajó en su día el "caso AVE".
En su exposición, el letrado recordó que la sentencia del "caso AVE", dictada el pasado 22 de junio, consideró que no podía condenar a Álvarez y su marido por falsedad, puesto que ya se les impuso una pena de 2 años y 4 meses por este delito en su modalidad de continuado en la sentencia de Filesa, por lo que debe aplicarse el principio de 'cosa juzgada' (imposibilidad de condenar dos veces por los mismos hechos).
En su opinión, la resolución de la Sección Decimoséptima confirmó "la conexión" entre los hechos juzgados en esta causa con los enjuiciados en el "caso AVE". En este sentido, se refirió a un informe pericial financiero que recoge la sentencia sobre el origen y destino de los fondos del cheque de Seat que concluye que "no existe constancia de que el importe de la cuenta --a nombre de Álvarez-- proviniese de los fondos del talón, aunque tampoco puede excluirse esa posibilidad".
El resto de las defensas de los procesados no plantearon ninguna cuestión previa, puesto que ya fueron resueltas en febrero de 2005 por el tribunal. En su día, los abogados coincidieron en señalar que sus clientes no fueron imputados hasta 1996, cuando ya se habían cumplido los cinco años de prescripción para los delitos que se le imputan, presuntamente cometidos en 1988.
DECLARACIÓN DE ELENA ABREU.
En esta causa se enjuicia la entrega por parte de Díaz Álvarez al embajador alemán en España Guido Brunner de un cheque por valor de 901.518 euros al portador, más 150.253 euros para el diplomático. La copia del talón y el resguardo del ingreso del dinero en una cuenta del Banco Árabe Español fueron encontrados en una de las mesas del despacho de la ex coordinadora de Finanzas del PSOE.
Por su parte, el fiscal anticorrupción Martín Rodríguez Sol pidió al tribunal la declaración como testigo de la viuda del embajador alemán, Elena Abreu, para quien solicita responsabilidades civiles por su presunta participación en los hechos a título lucrativo. El fiscal señaló que, pese a su situación de demandada, "no se le debería exigir juramento ni tampoco estaría obligada a estar presente en las sesiones del juicio".
El abogado de Abreu, Leopoldo Torres, se adhirió a la petición del fiscal, aunque pidió que se le aplique el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que establece que no están obligados a declarar "los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil".
PETICIÓN FISCAL
Además de Álvarez, se sientan en el banquillo de los acusados el que fue director general de SEAT Juan Antonio Díez Álvarez, el miembro del comité electoral del PSOE en 1986 Juan Carlos Mangana y los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid Arturo García Barbeira y Javier Aguirre de Palacio. También se solicitan responsabilidades civiles a Elena Abreu (viuda del embajador alemán en España Guido Brunner), por su presunta participación en los hechos a título lucrativo.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para los acusados penas que oscilan entre los 5 y los 10 años de cárcel por los delitos de cohecho, falsedad en documento oficial y delito fiscal. En concreto, pide 10 años de cárcel para Aída Álvarez por los delitos de cohecho, falsedad en documento oficial y delito fiscal, y para García Barbeira por los mismos delitos, excepto el último.
Además, la fiscal pide 8 años de prisión por cohecho y falsedad para Díaz Álvarez y Mangana. La representante del Ministerio Fiscal solicita 5 años de prisión para el entonces arquitecto municipal jefe en Madrid por un delito de falsedad.
