AVE.- Defensas piden al tribunal la libre absolución de los acusados al considerar "subjetiva" la acusación formulada

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las defensas de los trece imputados en el "caso AVE", en el que se juzga la presunta financiación ilegal del PSOE mediante comisiones de las obras del AVE Madrid-Sevilla a finales de los años 80, elevaron hoy a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que solicitan la libre absolución de sus clientes, al considerar "subjetiva" la acusación formulada contra ellos y entender vulnerados sus derechos fundamentales.

La fiscal Anticorrupción Teresa Gálvez, la Abogacía del Estado y las acusaciones personadas en la causa, que ejerce el abogado del PP Juan Ramón Montero y el letrado del comisionista Joaquín Mundo Arago, solicitaron al tribunal aplazar el juicio hasta mañana para estudiar los escritos presentados por las defensas y realizar sus informes con conocimiento de la nueva documentación aportada.

Ante la Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid, el abogado José Antonio Choclán, que representa al ex director de Compras y Mantenimiento de RENFE Leopoldo Iglesias, sostuvo que el escrito de calificación de la fiscal contiene "una acusación sorpresiva e inconcreta por no especificar la actuación de los trece imputados en la trama" de comisiones ilícitas.

El Ministerio Público solicita al tribunal que condene a Leopoldo Iglesias a seis años de prisión y a pagar 9,6 millones de euros por un delito de cohecho continuado. La fiscal mantiene que Leopoldo Iglesias desempeñó "una función esencial en la trama de corrupción", interviniendo en todos los procesos de negociación, redacción y elevación de las propuestas de adjudicación al Consejo de Administración de RENFE.

"INDEFINICIÓN" DE ESCRITOS

Otros letrados, como los que representan a los ex responsables de Siemens (empresa adjudicataria del AVE) Francisco Francés, Juan José Chinchilla y Mario Huete, alegaron la "indefinición" de los escritos de la acusación, lo que a su entender "vulnera los derechos fundamentales relativos a un juicio con garantías". Estos tres imputados se enfrentan a la mayor petición de cárcel, ya que la fiscal pide para ellos 15 años de prisión y una multa de casi 14 millones de euros.

Por su parte, el abogado Javier Ramos Chillón, que representan al ex administrador de Filesa Luis Oliveró, que se enfrenta a 6 años de cárcel y a una multa de 6 millones de euros por un delito de cohecho continuado, reclamó a la Sección Decimoséptima su libre absolución por considerar prescrito el delito de cohecho que se le imputa.

El letrado Jaime Gil Robles, que representa al ex miembro del comité electoral de PSOE Carlos Mangana y a Sotero Jiménez, quien fue el ex secretario del dirigente socialista Guillermo Galeote, pidió a los magistrados su libre absolución y que ni siquiera se les condene a "ningún tipo de responsabilidad civil". La Fiscalía solicita para ellos una petición de 8 años de prisión y una multa de 6 millones de euros, además de pagar 150 euros al día durante nueve meses, por un delito de cohecho continuado y otro de falsedad continuada.

También reclamaron la libre absolución los abogados de la ex responsable de Finanzas del Partido Socialista Aída Alvarez y su marido, Miguel Molledo, del ex ministro de Sanidad y ex presidente de RENFE Julián García Valverde, del ex concejal socialista de Madrid Valentín Medel y del ex director del gabinete de Infraestructura y Seguimiento para las Situaciones de Crisis de La Moncloa Florencio Ornia.

ACUSACIONES DE LA FISCALÍA

Anticorrupción sitúa los hechos en el Plan de Transporte Ferroviario aprobado por el Gobierno socialista en 1987, que impulsó la iniciación de grandes actuaciones en infraestructuras orientadas a la configuración de la red, y en el que destacó el proyecto NAFA (Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía), cuyos trazados fueron aprobados por el Consejo de Ministros en diciembre de 1988.

En este escenario, según la Fiscalía, un grupo de responsables del PSOE relacionados con la Secretaría de Finanzas y Administración, el Gabinete de Presidencia y antiguos miembros de comités electorales del partido, junto con familiares y amigos, "urdieron un plan para recabar comisiones ilícitas de los contratistas, fabricantes y tecnólogos de los proyectos del AVE a cambio de concederles las adjudicaciones de los contratos por RENFE.

La fiscal señala que en el plan participaron los acusados Florencio Ornia, Juan Carlos Mangana y Aída Alvarez, Sotero Jiménez y Valentín Medel, aunque los encargados de diseñar el plan fueron Miguel Molledo y Luis Oliveró, así como "un alto dignatario extranjero, ex embajador ya fallecido". Además, destaca que la decisión de la adjudicaciones de los contratos concedidos por RENFE dependía de García Valverde, presidente de la sociedad estatal y amigo personal de Ornia.

En su escrito de conclusiones definitivas, la Fiscalía afirmaba que "no bastaba superar los procesos de selección y evaluación internos de los departamentos técnicos de RENFE, la última condición que había que cumplir era el pago de la comisión estipulada. De esta forma la negociación y evaluación de las ofertas perdió su genuino sentido para convertirse en una cobertura y un pretexto puramente formal, de una decisión adoptada injustamente y al margen, en función del pago de comisiones ilícitas, calculadas sobre el precio base de las futuras adjudicaciones; y todo ello en la fase última de negociación del Departamento de Compras de RENFE, en la que sólo intervenían" Iglesias y García Valverde.

No consta, agrega la fiscal, que el consejo de administración de RENFE conociera el pago de las comisiones, ya que aprobaban las propuestas finales presentadas por Iglesias y García Valverde. Según el escrito, "la primera fase de la trama se desarrolló en un clima de seguridad y se cumplieron todos los objetivos (de distribución de comisiones recibidas); mientras que en la segunda fase, ante el conocimiento público de las actividades de financiación irregular del PSOE, se abandonaron casi todos los planes originales".

El dinero se destinó, indica la fiscal, a financiar al PSOE a través de sociedades pantallas ubicadas en Liechtenstein, a pagar la campaña electoral del partido y a arrendar la sede socialista de la calle Gobelas, en Madrid. También se realizaron ciertos pagos al partido socialista que se ocultaron mediante facturas.