La AVT exige la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid tras la sentencia del 'caso Bono'

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) saludó hoy la condena impuesta a los tres policías que detuvieron a dos militantes del PP en una manifestación convocada por esta agrupación el 22 de enero de 2005, al tiempo que exigió la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, que "está tardando" en hacerlo y reclamó al Ejecutivo que pida disculpas por criminalizar y atacar a los militantes 'populares' y a la propia AVT.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de esta asociación, Francisco José Alcaraz, reclamó, además de al Gobierno, a "sus ministros y a algunos medios" de comunicación "afines" que, según él, "criminalizaron y atacaron" a los militantes del PP y a la AVT por lo sucedido que "tengan ahora la misma valentía de reconocer los errores cometidos y pidan disculpas públicamente" por haber hecho declaraciones que ahora se demuestran que "se basaron en la mentira".

Para el presidente de la AVT, el paso siguiente debe ser "empezar a depurar la responsabilidad de quién dio esas órdenes" de detener a los militantes del PP ya que Alcaraz cree que los policías obedecían órdenes. En este sentido, pidió que "no pase como siempre, que sean las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que tengan que pagar los errores y la mala gestión" del poder político.

Alcaraz recordó que en última instancia el responsable de estos policías es el Ministerio del Interior, por lo que exigió a esta institución que dé "explicaciones".

El representante de la AVT subrayó que constituye "un hecho muy grave" que se haya demostrado que ésta fue "la primera detención ilegal en la historia de la democracia" española, "máxime" cuando se produce en una manifestación de la AVT, y admitió estar sorprendido por la sentencia ya que en "estos tiempos" la Fiscalía "ha ido remando en pro de los intereses del Gobierno y de la banda terrorista ETA".

En este sentido, admitió que le había "sorprendido gratamente que todavía haya jueces que, de forma independiente, apliquen el Estado de Derecho sin dejarse influir por las presiones del poder político".

Asimismo, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y senador por esta Comunidad, Antonio Beteta, pidió hoy "responsabilidades políticas" al entonces ministro de Interior y actual titular de Defensa, José Antonio Alonso, y al delegado del Gobierno, Constantino Méndez.

Tras conocer la sentencia, Beteta consideró que hay que ir más allá y buscar realmente a los responsables que tomaron la decisión de detener a los militantes del Partido Popular, ya que uno de los policías a los que se les tomó declaración mantuvo que siempre actuó siguiendo órdenes de sus superiores. El portavoz popular cree también que la actuación de Méndez en aquel momento fue "lamentable", por lo que pidió que "debe de asumir también las responsabilidades que le correspondan".

Recordó que el entonces ministro del Interior, en respuesta a una pregunta suya en el Senado sobre los criterios de actuación policial seguidos tras la detención de los dos afiliados del PP, "eludió completamente sus responsabilidades", y afirmó en la Cámara Alta que "han sido los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía, tal y como les corresponde legalmente, los que realizaron las investigaciones, valoraron los hechos, analizaron las evidencias y consideraron oportuno citar a declarar a dos ciudadanos".

La Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid condenó hoy a penas que suman trece años y medio de prisión a tres policías por los delitos de detención ilegal, falsedad de documento público y coacciones, que cometieron por la detención de dos militantes del PP en la manifestación citada.

En aquella ocasión el ex ministro de Defensa José Bono fue víctima de las actitudes agresivas de algunos manifestantes. Fuentes de la Defensa informaron de que el comisario Rodolfo Ruiz ha sido condenado a cinco años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación, por los tres delitos citados; el inspector jefe J.F., con cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación por los delitos de detención ilegal y falsedad y el tercer acusado, el agente que actuó como secretario en la toma de declaración de los militantes, con tres años de cárcel por un delito de falsedad. Los dos primeros deberán indemnizar además a Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz con 12.000 euros.