AVT.- PP quiere que el Pleno del Congreso vuelva a debatir sobre la detención ilegal de sus militantes en enero de 2005

Actualizado: viernes, 22 septiembre 2006 19:58

Pide al Gobierno que condecore al policía que fue relegado de la instrucción del 'Caso Bono'

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Congreso ha presentado una proposición no de Ley para que el Pleno de la Cámara celebre un nuevo debate sobre las repercusiones en el Cuerpo Nacional de Policía de la sentencia por la que la Audiencia Provincial de Madrid condenó el pasado mes de mayo a tres agentes por la detención ilegal de dos afiliados 'populares' durante una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en enero de 2005.

En concreto, el primer partido de la oposición quiere que el Pleno del Congreso inste al Gobierno a "reconocer la labor ejemplar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", a "abstenerse de someter a presión política a instituciones y cuerpos de funcionarios del Estado" y a "restituir en sus funciones de Jefe de Grupo de Conflictividad Laboral y Social, el inspector con número de placa 16.444".

El citado agente fue el segundo de los instructores de este caso y fue relegado de sus funciones el día 25 de enero de 2005 por su negativa a practicar la detención de los dos militantes del PP, que consideraba injustificada.

RECONOCER ACTUACION EJEMPLAR

Los 'populares' sugieren también al Ejecutivo que reconozca la "actuación ejemplar" de este inspector "con la condecoración del Cuerpo Nacional de Policía correspondiente" y que aparte "de cualquier función de mando a los tres policías condenados por la Audiencia Provincial por los delitos de detención ilegal, coacciones y falsificación en documento público".

En la exposición de motivos, de su iniciativa, el PP denuncia que "a día de hoy, el Gobierno ha respaldado a través de la Fiscalía General del Estado la actuación delictiva de los policías condenados", y que, además, "ha mantenido un silencio injustificable ante la ejemplaridad de la conducta del inspector con número de placa 16.444 al que no se ha restituido en sus funciones como Jefe del Grupo de Conflictividad Laboral y Social".

A través de una nota de prensa, la portavoz adjunta del PP, Ana Torme, reiteró hoy que "la detención política ilegal de dos militantes del PP durante una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo es uno de los mayores ataques a los derechos que se ha sufrido en España desde la recuperación de nuestras libertades", y que desde el primer momento su grupo denunció la gravedad de los hechos y la violación que suponían.

Torme explicó que mediante esta nueva proposición no de ley el PP intenta, "una vez más, el reconocimiento de los policías que rechazaron cometer delitos y apartar de sus funciones a los que ya han sido condenados por los tribunales" teniendo en cuenta, según subrayó, que el PP "siempre ha reconocido la imprescindible y esforzada labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que son los encargados de velar por la protección de los derechos y libertades de todos los españoles".

Tras recalcar que la Justicia "ha dado la razón" a su partido, Torme, insistió en que la propia sentencia "se reconocía la indudable influencia política en el origen de las detenciones". A su juicio, "todavía existen muchos puntos oscuros que es necesario aclarar" porque el entonces ministro del Interior "defendió la actitud de los funcionarios policiales" y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido "ha seguido respaldándoles a pesar de haber tenido que reconocer que cometieron el gravísimo delito de falsificación en documento público".

EL GOBIERNO, MAS CERCA DE LOS DELINCUENTES

"Ha sido vergonzante que el Gobierno haya estado más cerca de los delincuentes que de las víctimas", afirmó Torme, quien, no obstante, agregó que "nunca casos aislados podrán empañar la extraordinaria valoración que los españoles poseen de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Por último, recordó que a su grupo todavía no se le ha permitido debatir su petición de crear una comisión de investigación sobre este asunto en el Congreso --para lo que se requiere unanimidad en la Junta de Portavoces-- que determine las "responsabilidades del Gobierno".