El Ayuntamiento de Barcelona contratará a los vendedores de 'top manta' a través de planes de inserción laboral

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona contratará a los vendedores de 'top manta' a través de los planes de inserción laboral, según prevé el plan de reinserción social y laboral para este colectivo, afectado por la aplicación de la ordenanza sobre civismo. Esta normativa impide el desarrollo de este tipo de actividad, que provocar una fuerte competencia desleal al comercio instalado en la capital catalana.

En el Pleno municipal, la concejal de Promoción Económica y Ocupación, Maravillas Rojo, desgranó algunos de los objetivos de este plan, que se pondrá en marcha a través de la agencia de desarrollo local Barcelona Activa. El programa, cuyo despliegue ya estaba previsto en la normativa sobre civismo, se aprobó con el voto en contra de los grupos de CiU y PP, en la oposición.

Rojo anunció la "contratación inmediata" de los vendedores ambulantes que "cumplan las condiciones que se incorporan en el plan" por un "periodo de seis a ocho meses". La intención es garantizar que los afectados, que tendrán el seguimiento "personalizado" y la ayuda de un tutor, puedan participar en programas de reinserción laboral, que incluye cursos de formación, apuntó.

La concejal de CiU Joana Ortega señaló que el plan es "un documento de buenas intenciones", pero "hay mucha inconcreción" y "no se incluye una dotación presupuestaria", aspectos que utilizó para justificar su rechazo al programa de inserción que debe solucionar la presencia de vendedores 'top manta' en las calles de la capital catalana.

Por su parte la edil del grupo municipal del PP, Carina Mejías, aseguró que el programa, impulsado por el equipo de gobierno municipal, "no aporta ninguna novedad" y "además, sólo tiene capacidad para ayudar a 50 personas" para que dejen la actividad de vendedores ambulantes.

Rojo rechazó estas críticas, asegurando que el programa, en el que ya están trabajando ocho mediadores, es "muy concreto", ya que "estipula que a partir del próximo mes de junio" se puedan empezar a contratar a algunas de estas personas.

No obstante, reconoció que "el problema vendrá por la situación de ajuste de las personas inmigrantes que no están regularizadas", por lo "será necesaria la colaboración de la Secretaría para la Inmigración de la Generalitat y de la propia Conselleria de Bienestar y Familia".

APROBACIÓN DEL PLAN SOCIAL PARA PROSTITUTAS.

Además, los tres socios del equipo de gobierno municipal dieron luz verde al plan de medidas sociales para que las prostitutas de la ciudad que quieran abandonar la calle y su actividad. El plan, que cuenta con un presupuesto de 490.000 euros, se aprobó con el rechazo del PP y la abstención de CiU, que inicialmente, durante su discusión en comisión, hizo una reserva de voto.

El despliegue del plan con las medidas sociales para ayudar a las prostitutas ya estaba previsto en la ordenanza sobre civismo, que entró en vigor el pasado 25 de enero. Entre otros aspectos, contempla ayudas económicas para las prostitutas que inicien procesos de reinserción para abandonar su actividad actual y un centro de acogida para las trabajadoras sexuales víctimas de las mafias.

La concejal de CiU Maite Fandos, quien recordó que su grupo condicionó su apoyo a la ordenanza cívica al desarrollo de este plan, justificó la abstención alegando que el diseño del programa "se ha hecho con improvisación" y que "se hace con buena voluntad pero llega tarde".

Por su parte, la concejal del PP Carina Mejías aseguró el programa "no garantiza la desaparición de la prostitución en Barcelona" y que se ha elaborado "con prisas" y "de forma improvisada", algo que negó de forma tajante la edil de Mujer y Derechos Civiles, Pilar Vallugera (ERC).

En el marco del Pleno también se aprobó el plan de medidas sociales para los 'sin techo', otros de los colectivos afectados por la aplicación de la ordenanza sobre civismo. El programa, que incorpora oferta para servicio de acogida y residencia para los indigentes, oferta que ya se incluye en el Plan de Inclusión Social, contó con el voto en contra del PP y la abstención de CiU.