BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona ha elaborado un informe preliminar que detecta presuntas irregularidades en la agencia de desarrollo urbano Barcelona Regional (BR) y ha remitido la información a Fiscalía, ha anunciado este martes el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello.
Pisarello ha destacado en rueda de prensa que el informe constata "presuntas irregularidades graves e ilícitos" relacionados con la contratación de empresas, la actuación internacional y la contratación de personal, en un informe que analiza los últimos cuatro años de la agencia.
La alcaldesa, Ada Colau, optó en julio por presidir la empresa después de que la Fiscalía abriera una investigación y de que el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled reclamase a BR una copia de un expediente de contratación con la agencia pública, que se encarga de planteamientos urbanísticos e infraestructuras del área metropolitana.
El teniente de alcalde ha anunciado que pedirán la tarde de este mismo martes al consejo de administración de BR que se someta a la agencia a una auditoría completa, y el Ayuntamiento elaborará un estudio contable para determinar el impacto económico de la agencia en el consistorio.
El gerente de Recursos, Joan Linares, ha destacado que el informe preliminar se ha elaborado sobre los últimos cuatro años, pero que "no implica que cuando se lleve a cabo la auditoría se tenga que ir hacia años anteriores".
RESPONSABILIDADES PENALES
Pisarello ha asegurado que "eventualmente, de lo que pueda resultar de esta investigación y de la auditoría se podrían derivar incluso responsabilidades penales", y ha asegurado que, si es necesario, se depurarán las responsabilidades oportunas.
Ha detallado que, en la contratación de personal, se han detectado "irregularidades graves" que apuntan a que la agencia podría haber sido utilizada como un instrumento para obviar exigencias de procesos de selección y pagar a personas que no desarrollaban ningún trabajo para la empresa, en sus palabras.
Sobre la actividad internacional, ha asegurado que se ha llevado a cabo "sin ningún tipo de cobertura institucional y con una entidad pantalla", en referencia a Barcelona Strategical and Urban Systems (BSUS), liquidada posteriormente.
Pisarello ha avisado de que BSUS operaba "sin ningún tipo de contrapartida con todo el coste que puede haber supuesto para el Ayuntamiento", que ha dicho que las primeras investigaciones apuntan que podría alcanzar un millón de euros.
EMPRESA DE PERE PUJOL
Ha asegurado que el informe señala irregularidades en diversos tipos de contrataciones que llevaba a cabo la empresa, entre las que figuran cuatro contratos con la empresa Entorn, vinculada a Pere Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, ha resaltado Pisarello.
Preguntado por los periodistas, ha revelado que se están investigando otros ámbitos también relacionados con el área de Hábitat Urbano en los que también se han detectado indicios de "conductas que podrían conformar un patrón de actuación con elementos comunes" en distintas entidades y empresas.
Pisarello ha destacado que el control democrático es una obligación que tienen como Gobierno municipal por interés de la ciudadanía y también de BR, de la que quieren "recuperar su papel como un instrumento al servicio de la ciudadanía como debería ser, y no el cortijo de algunos".
